La propuesta se basa en vender prisiones a empresas de bienes raíces y que, a cambio, estas financien la construcción de nuevas penitenciarias.
El presidente de Argentina, Javier Milei, precisó algunos puntos del plan de su Gobierno para reformar el sistema penitenciario, que se basa en vender prisiones a empresas de bienes raíces y que estas financien a cambio la construcción de nuevas cárceles.
En una entrevista publicada el domingo en la cuenta de YouTube de CNN, el mandatario dijo que tenía pensando construir «algunas cárceles de 5.000 y 6.000 plazas».
«Hay cárceles que se diseñaron y se hicieron en un determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso creara una zona urbanizada», destacó.
El mandatario añadió que lo que quieren hacer con el plan que «brillantemente» propuso su ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, es «vender esas cárceles a empresas que se dediquen al ‘real estate’ [compañías inmobiliarias] y que esas empresas financien la construcción de una nueva cárcel alejada de la ciudad».
Milei aseguró que así habrá cárceles de «mayor seguridad de mayor calidad, mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso».
Sobre si la propuesta puede llevarse a cabo por decreto, sin pasar por el Congreso, el libertario contestó: «Tendría que ver cómo se instrumenta eso, pero en principio no tendría que tener resistencia. Me parece que la sociedad está tomando conciencia de que el que la hace la paga», aseveró.
«Ejército y narcoterrorismo»
El presidente hizo estas declaraciones al hablar sobre el proyecto de ley que se enviará en los próximos días al Congreso y que podría permitir que, «en casos de terrorismo, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en el lugar».
«Hoy día eso no se puede hacer. O sea, las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en caso de que haya un estado de sitio», apuntó.
Milei dijo que en la ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe y que actualmente atraviesa una grave ola de violencia, es donde más efectivos hay desplegados.
«Teníamos 1.000 efectivos […] y agregamos 450 efectivos adicionales […] pero lo que estamos trabajando es en que las Fuerzas Armadas puedan participar en situaciones de narcoterrorismo, pero con las reglamentaciones de las Fuerzas de Seguridad», subrayó.
Y continuó: «Pero, naturalmente, si se hace esto, también tiene que tener una contrapartida con el sistema carcelario».
La participación o no de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico ha generado un intenso debate. Un factor de peso en esta discusión es el papel que desempeñaron durante la última dictadura militar (1976-1983), ya que cometieron miles de crímenes de lesa humanidad que todavía hoy son juzgados.