Emitieron un comunicado en el que afirmaron que no quieren que en la «guerra fratricida caigan civiles».
El grupo armado, conocido como Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), emitió un comunicado el domingo 7 de abril en el que advirtió a la población sobre la posibilidad de atentados en cercanías de dependencias militares y policiales, por lo que recomendó no acercarse a esas instalaciones.
Semanas después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretara el 17 de marzo pasado la suspensión del cese al fuego con el EMC, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, en tres departamentos del país, el grupo armado irregular hizo pública su «posición oficial» frente a esta situación. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de haber «priorizado las acciones militares en contravía del dialogo civilizado».
«Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después», advierte el texto, que también recomienda «no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles».
Además, invita a «militares y policías patriotas a que no cumplan las órdenes de atacar a los soldados de la revolución». «Es momento de unirnos contra la oligarquía que no permite los cambios en el país», continúa la nota.
Por último, y pese a la amenaza de ataques, el comunicado del EMC le pide al Gobierno «restablecer el cese de fuego bilateral, temporal y de carácter nacional».
Negociaciones
Esta publicación de las disidencias de las FARC llegó dos días después de que el EMC y el Gobierno anunciaran que mantendrían la Mesa de Diálogos.
«Hemos analizado las dificultades del cese al fuego, lo relacionado con el decreto de suspensión parcial y los retos para el estricto cumplimiento de los acuerdos y protocolos sobre el cese al fuego y respeto a la población. También abordamos la situación de la Mesa de Diálogo y las agendas de transformación territorial y de acuerdos parciales», indica el comunicado firmado por los jefes de delegación de las partes, Camilo González Posso (Gobierno) y Leopoldo Durán García (EMC).
En este contexto, afirmaron que, «de conformidad con las evaluaciones realizadas, se acordó continuar con los diálogos y reiterar los compromisos construidos desde la instalación de la mesa […] y en las conversaciones anteriores».
Más de 450 desplazados
Los enfrentamientos entre el EMC y la Segunda Marquetalia, otra facción de las FARC, en el municipio de Argelia, en el sur de Cuaca, derivó en que más de 450 personas debieran huir de sus hogares.
«Son 240 hombres, 222 mujeres y 62 menores de edad. Como Administración municipal tratamos de brindarles lo que esté a nuestro alcance en materia de ayudas humanitarias. Sabemos lo difícil que es dejar sus casas y sus bienes para salvaguardar sus vidas», afirmó el secretario del gobierno local, Pablo Daza.
Fin del cese al fuego
La tensión entre ambas partes fue en aumento tras la suspensión del cese al fuego anunciada por el Gobierno el 17 de marzo último, lo que permitiría la reanudación de las operaciones militares y policiales contra estructuras del EMC en los departamentos Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
La medida fue tomada en virtud de que el Gobierno acusó al grupo armado de incumplir «los presupuestos fundamentales del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública, y evidenciando poca voluntad de paz».
En ese sentido, consideró que los ataques «a la población civil, incluyendo a organizaciones y líderes sociales que se han resistido a sus acciones violentas» en esos tres departamentos derivaron en una «situación de amenaza y vulneración de derechos y libertades que exige la intervención de la fuerza pública y de las instituciones del Estado en su conjunto».