El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirma que el Gobierno es partidario de cárceles de máxima seguridad y de un régimen penitenciario especial para las bandas criminales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, aseguró este domingo que el Gobierno es partidario de la propuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, de construir cárceles especiales para el crimen organizado, algo que podría seguir el modelo que el presidente Nayib Bukele ha instalado en El Salvador.
«El Gobierno es partidario de avanzar en este tipos de cárceles de máxima seguridad y régimen penitenciario para crimen organizado», aseguró en una entrevista en el diario El País.
Haciendo referencia al modelo italiano para miembros de la mafia, Cordero afirmó que no se trata tan solo de un modelo de cárcel, sino de un régimen penitenciario «muy estricto, regulado por una ley», y señaló que «allá no solo tienen comunicación solo por locutorios, sino grabaciones de imágenes y conversaciones».
Así, la apuesta por este tipo de cárceles de máxima seguridad requiere no solo de infraestructuras adecuadas, «sino de una regulación precisa«, según su criterio.
Inhibidores de señales de teléfonos móviles
Cordero realizó estas declaraciones pocos días después de que anunciara la puesta en marcha de una nueva tecnología de inhibidores de números de teléfonos móviles en Santiago de Chile, en una zona en la que se encuentran tres cárceles, entre ellas el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), donde están privados de libertad integrantes y líderes de bandas internacionales del crimen organizado. En total aglutinan a unos 10.000 reos, el 20 % de los que hay en el país.
El ministro reseñó que se trata de conseguir una disminución del número de delitos «evitando la comunicación ilícita hacia el exterior para la comisión o la instrucción de delitos».
Sostuvo que se trata de una tecnología muy precisa, inédita en el resto de América Latina, y que conllevará el cambio de «patrones de conducta al interior de las cárceles».
Los cambios en el área penitenciaria en varios países latinoamericanos tienen en el punto de mira el ejemplo de El Salvador del presidente Bukele. Su política en esta área, con la construcción de grandes macrocárceles, si bien ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, ha conseguido una drástica reducción de las tasas de delincuencia.