El Gobierno argentino negocia con los gobernadores a fin de avanzar con el DNU y la ley ‘ómnibus’.
El Gobierno de Argentina inició una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores de las provincias, con el objetivo de conseguir respaldo para la aprobación en el Congreso de sus dos proyectos base: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ‘ómnibus’.
En el inicio de las conversaciones, el Ejecutivo del presidente Javier Milei puso sobre la mesa la posibilidad de terminar obras públicas ya iniciadas en los distritos, luego de haber anunciado la paralización total de todo gasto en infraestructura financiado desde nación.
Según informó el portal Todo Noticias (TN), la idea de la Casa Rosada es dar continuidad a las obras que sean prioritarias para las provincias, como cárceles o trabajos de seguridad vial.
«No son obras nuevas, sino que se trata de las que ya están avanzadas y tienen financiamiento internacional o son de emergencia. No son de escala municipal. Hay que ver caso por caso. Si tienen un avance del 80 %, se van a terminar», dijo un funcionario al medio.
La propuesta fue realizada este martes en una reunión con los gobernadores del norte en la provincia de Salta. Participaron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago Del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), y el gobernador local, Gustavo Sáenz.
Cambio discursivo
El punto de intercambio que ahora propone el Gobierno exhibe un vuelco en el discurso. En febrero, Milei aseguró que no habrá más «obra pública» financiada por la nación porque la considera «un mecanismo furioso de robo». Y señaló que las obras pueden hacerse con inversión privada.
La medida se sumó a una serie de recortes de fondos que la Casa Rosada viene aplicando sobre las provincias, y que se profundizó luego de haber responsabilizado a varios de ellos por el rechazo en el Congreso de la ley ‘ómnibus’, con la que planeaba modificar más de 300 leyes para desregular la economía.
Ahora el Gobierno apunta a la aprobación de una nueva versión de la ley ‘ómnibus’, más acotada y menos ambiciosa, y a conseguir la plena vigencia del polémico ‘megadecreto’ lanzado en diciembre —otro de los ejes centrales de su Gobierno—, que ya sufrió embates en la Justicia y, hace solo dos semanas, en el Parlamento.
El presidente Milei ha minimizado el fracaso de su DNU en el Senado, debido a que todavía quedan posibilidades de que no termine rechazado por la Cámara de Diputados. Para ello, el libertario deberá negociar con las provincias y los bloques opositores, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría.