Los denunciantes estiman que las políticas de la Casa Rosada socavan derechos fundamentales de la población y «producen solo devastación».
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al presidente de Argentina, Javier Milei, por violaciones al «sistema democrático, los derechos humanos y el desarrollo».
La presidenta de la seccional argentina de la AAJ, Claudia Rocca, explicó en una entrevista radial que la denuncia se interpuso en interés de «mostrarle al mundo que estos proyectos mesiánicos y deshumanizantes, donde lo único que parece primar es el Dios mercado, producen sólo devastación», refiere Página/12.
«Enumeramos las múltiples afectaciones que tiene el DNU, pero no se agota ahí, porque hay determinadas políticas y decisiones gubernamentales que suprimen otros derechos», detalló la jurista. Asimismo, llamó a recordar que en solo tres meses de gestión, la administración mileísta ha pretendido eliminar derechos laborales, intentó privatizar compañías públicas estratégicas y habilitó la venta de recursos y tierras que hacen parte del patrimonio de la nación.
«En tres meses tenemos la estrepitosa cifra de tres millones de pobres más. Récord de indigencia, récord de pobreza, récord de desocupación y caída de la producción», completó.
Retroceso en los derechos
Desde otro ángulo, Rocca explicó que la presentación que se hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU enfatizó las violaciones a los derechos fundamentales –civiles, políticos, económicos y culturales–, producto de las políticas que adelanta la Casa Rosada bajo el liderazgo de Milei.
De manera particular se refirió a la advertencia que realizaran desde la AAJ a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las consecuencias de su protocolo antipiquetes. «Tres relatores especiales hicieron una manifestación, que son llamados de atención, y si el país no modifica las condiciones, las medidas van en ascenso. Es importante pensar que parecía que se iba a imponer a sangre y fuego y ahora no está pasando», señaló.
Para Rocca, los países tienen la obligación de implementar programas que cumplan con el principio de progresividad y que mejoren la calidad de vida de la población, por lo que su incumplimiento podría derivar en intervenciones del Consejo, que van desde la solicitud de explicaciones hasta el establecimiento de sanciones.