Se cumplen 20 años del ataque yihadista* del 11 de marzo en Madrid contra trenes de pasajeros, una matanza que conmocionó a España. Solo quedan tres de los condenados en la cárcel. Por ley, el crimen prescribe y dejan de tener efecto las órdenes de busca y captura decretadas contra otros presuntos implicados que se fugaron tras los atentados.
El 11 de marzo de 2004, en Madrid, 13 artefactos explosivos estallaron en hora punta en cuatro vagones de distintos trenes suburbanos de corta distancia. Como resultado, 191 personas fallecieron en los trenes o en días posteriores en los hospitales. 1.857 quedaron heridas. Una célula islamista* perpetró el que es considerado como el mayor atentado terrorista de Europa en toda su historia tras la tragedia de Beslán.
Se procesó a 28 personas por participar de diversas maneras en los atentados, 22 de las cuales acabaron en prisión, colaboradores de tipo periférico en su gran mayoría. Solos dos de los terroristas que se sentaron en el banquillo fueron sentenciados en tanto que autores materiales del ataque. Antes, el 3 de abril, ocho terroristas, cercados por efectivos policiales, se hicieron volar por los aires en una vivienda en Leganés (al sur de Madrid), cobrándose la vida de un efectivo policial. Uno de ellos aún queda por identificar.
El juicio no determinó la autoría intelectual del ataque, si bien se relacionó con el yihadismo. El Gobierno español de entonces, presidido por José María Aznar, se empecinó en atribuir de inicio la autoría a la banda terrorista vasca ETA (sin actividad desde 2011 y autodisuelta en 2018), si bien la versión se fue desmoronando según pasaban las horas y le costó una derrota en las elecciones generales, celebradas tres días después, el 14 de marzo.
Al-Qaeda asumió la autoría de los atentados mediante una carta publicada en un periódico británico. La mayor parte de la opinión pública estima que la tragedia del 11-M fue producto del apoyo del Gobierno español a la destrucción e invasión de Irak en 2003, lideradas por EEUU y el Reino Unido. El fallo judicial, leído por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, determinó el objetivo del atentado en los siguientes términos:
«Mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharía o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».
En los meses posteriores, varios medios de comunicación españoles se esforzaron por transmitir una teoría de la conspiración protagonizada por la colaboración de ETA con el mundo yihadista de la que supuestamente sacó provecho José Luis Rodríguez Zapatero, ganador a la postre y contra todo pronóstico de las elecciones celebradas tres días después de los atentados.
Un crimen que prescribe
El vigésimo aniversario de la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid supone también la prescripción de los delitos de terrorismo investigados en la Audiencia Nacional. En el momento de los atentados, el Código Penal establecía que los delitos que no fueran considerados de lesa humanidad debían prescribir a los 20 años. En 2010 una reforma de la ley declaró imprescriptibles este tipo de actos con consecuencias letales, pero no con efecto retroactivo.
Como resultado, quedan anuladas las órdenes de busca y captura que aún quedaban en vigor contra tres terroristas que lograron escapar. En concreto, ya no se podrá perseguir a Said Berraj, pues se cree que los otros dos, Mohamed Afalah y Daoud Ouhanne, fallecieron en Irak en sendos atentados suicidas. Y tampoco se podrán dictar las órdenes que pudieran derivarse de la identificación, todavía sin resolver, de ocho perfiles genéticos recogidos en los distintos escenarios relacionados con los atentados.
Pese a algunas críticas sobre la actuación policial realizada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya rechazó en 2017 abrir nuevas diligencias sobre el caso. La sentencia del tribunal que presidía el juez Javier Gómez Bermúdez no pudo establecer la autoría intelectual del atentado. «No lo sabemos», admitió en entrevista al diario El Periódico este jurista, que considera que uno de los suicidas de Leganés, Serhane Ben Abdelmajid Fakhet alias El Tunecino, pudo ser uno de los ideólogos del crimen.
«Pero hay teorías de expertos, de expertos muy cualificados, que dicen que, probablemente, uno de los ideólogos de los atentados fue un conocido yihadista que se nos dio a la fuga en la llamada Operación Dátil, que nunca pudimos juzgar y que creemos que murió en Siria en 2005», añade Gómez Bermúdez.
Este exmagistrado, pues ahora se desempeña profesionalmente en un bufete de abogados, considera que la instrucción y el juicio dejaron el caso «claro como el agua», aunque reconoce que no se sabe todo. «Ningún delito se conoce al 100%, es imposible. Entre otras razones, porque en los procesos penales, el objeto del proceso lo delimitan las acusaciones. Yo sé mucho más de lo que pone aquí [en la sentencia], pero no puedo ponerlo», declaró a Efe.
Ni la Audiencia Nacional ni después el Tribunal Supremo encontraron pruebas suficientes para condenar a Rabei Osman el Sayed ‘El Egipcio’, señalado como uno de los supuestos autores intelectuales. Él ya había sido sentenciado en Italia por integración en banda terrorista, pero en Madrid resultó absuelto.
Solo tres quedan en prisión
De los 29 procesados, el tribunal de la Audiencia Nacional absolvió a ocho. El resto fue condenado a distintas penas, tres de ellas ejemplares. Los marroquíes Jamal Zougam y Otman el-Ganaoui fueron condenados a 42.900 años de cárcel en tanto que autores materiales, y el español José Emilio Suárez Trashorras, cabecilla del grupo que facilitó los explosivos tras sustraerlos de una mina en Asturias, recibió una pena de 34.715 años como autor por cooperación necesaria.
Todos ellos saldrán de prisión en 2044, al cumplir el plazo máximo en prisión que la legislación española contempla: 40 años. Se da la circunstancia de que Suárez Trashorras ha solicitado en fechas recientes que le sea aplicada la eutanasia para «morir dignamente» debido a, según él, «la falta de tratamiento médico y psicológico» en su centro penitenciario para tratar los trastornos mentales que padece.
Pero en España, solo los adultos que sufran «una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos por la Ley y certificada por el médico responsable» pueden solicitar esta prestación. De modo que es improbable que este condenado sea objeto de su aplicación.
El cálculo político
El Gobierno presidido por José María Aznar insistió desde el primer momento en que el autor de la matanza era la banda terrorista vasca ETA. Mediante una ronda de llamadas telefónicas al mediodía del 11 de marzo, Aznar trasladó tal versión a los principales medios de comunicación de la nación.
De resultas, el principal diario español, El País, sacó una edición especial a las 13:00 horas con un gran titular: «Matanza de ETA en Madrid». Pese a que según pasaban las horas surgían más y más indicios de la pista islamista, por la tarde Aznar volvió a llamar a los medios para avisarles de que había dos líneas de investigación, pero que la principal era la del grupo armado vasco.
«Aznar mintió desde el minuto uno», sostiene Jesús Ceberio, entonces director de El País, en su recién editado libro La llamada, donde, entre otras cosas, rememora aquellas horas en las que el relato del Gobierno y el de la realidad empezaron a bifurcarse muy pronto.
Al día siguiente, el viernes 12 de marzo, institucionalmente se convocaron por todas las ciudades manifestaciones multitudinarias bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo», muy similar a las consignas de anteriores actos de repulsa frente a ETA. En la manifestación de Madrid, al final, empezó a corearse el grito de «¿Quién ha sido?»
Las elecciones generales se disputaban el domingo 14 de marzo y la víspera era la jornada de reflexión, en principio sin mensajes electorales. En el Gobierno cundía la sensación de que una autoría de ETA beneficiaría en las urnas al gobernante Partido Popular y que, por contra, una implicación islamista favorecería al opositor Partido Socialista.
Dudas por SMS
La impresión de que se estaba ocultando información llevó a la difusión masiva por SMS de un mensaje que partió de la ciudadanía: «¿Aznar de rositas? ¿Le llaman jornada de reflexión y Urdazi trabaja? Hoy 13M, a las 18:00, sede PP C/Génova, 13. Sin partidos.
Silencio por la verdad. ¡Pásalo!»
El mensaje aludía al control de la información que estaba ejerciendo Aznar y a la labor del entonces jefe de informativos de la cadena pública TVE, Alfredo Urdaci. A las pocas horas, una multitud se manifestaba pidiendo explicaciones frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Al día siguiente, el PP perdió las elecciones, aun cuando todas las encuestas le habían augurado una clara victoria. Si el 11-S reforzó a George W. Bush y le repuso de su maltrecha popularidad, el 11-M lapidó las posibilidades de Mariano Rajoy, el candidato que Aznar había nombrado para sucederle.
Parte de los medios conservadores alimentaron una teoría de la conspiración con la que impugnar la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se discutió su legitimidad, al tiempo que se puso en duda la profesionalidad de los efectivos policiales al mando de la investigación.
Para Jesús Ceberio, la campaña lanzada fue «la mayor operación de desinformación o intoxicación informativa que se ha producido desde la Transición en este país».
La división en torno a la autoría prendió en los mandos policiales solo al principio. «Al ser cargos políticos, en los primeros momentos muchos defendieron la opción de ETA, pero, al final, la realidad se impuso», explica a Sputnik una fuente policial, que subraya que su trabajo se centró en los «autores materiales», pues de los inductores o autores intelectuales, en caso de haber una conexión internacional, se ocupan «los servicios de inteligencia».
Como explica el exjuez Gómez Bermúdez, las teorías de la conspiración «dieron mucho trabajo» durante el juicio. «Eso nos obligaba a responder a algunas cuestiones en la sentencia que, aunque no tenían ninguna base, había que incluir», confesó a Infolibre. Al final, tales teorías se fueron diluyendo tras el fallo judicial y luego de la segunda victoria electoral de J. L. Rodríguez Zapatero en 2008.
*Grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países.