Se trata de un decreto emitido desde 2015, que sirvió a Washington como argumento para aplicar una batería de medidas coercitivas unilaterales.
Venezuela expresó «enérgicamente» su rechazo a la renovación de la orden ejecutiva de EE.UU. contra el país suramericano, un decreto vigente desde hace nueve años.
De acuerdo con un comunicado, publicado por el canciller de Venezuela, Yván Gil, esa orden ejecutiva se ha utilizado desde 2015 «para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, violando toda norma del derecho internacional, constituyéndose en un caso de castigo colectivo».
Caracas se refiere así a que este decreto ha servido a Washington como argumento para aplicar una batería de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que han impedido que la nación perciba 232.000 millones de dólares en la última década, según estimaciones oficiales.
«Habiendo tenido la oportunidad de corregir errores e injusticias del pasado que incluso han afectado sus propios intereses, la Casa Blanca opta por continuar aplicando su terrorismo económico a través de sus más de 930 medidas contra nuestro país«, se agrega en el texto.
No obstante, ante ello, Venezuela manifiesta que su pueblo «no se ha doblegado ante estas agresiones ni lo hará jamás».
«Su moral, su conciencia y su constancia son la base sólida sobre la cual continúa construyendo victorias. No importa lo que haga EE.UU., Venezuela es un país decidido a ser libre y prevalecerá», se enfatiza en el documento.
«Rehén de sus propias políticas»
En el comunicado, Caracas afirma que «EE.UU. es hoy rehén de sus propias políticas de agresión». Como ejemplo de ello se menciona la «crisis migratoria» que, a juicio del gobierno venezolano, «no es sino consecuencia directa e inmediata de sus medidas coercitivas y bloqueos».
El documento añade que las medidas sancionatorias unilaterales son parte de una estrategia «innecesaria, absurda y hostil», que solo demuestra que «el liderazgo decadente de los EE.UU. no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto».
Para Venezuela, «no se puede esperar otra cosa de un gobierno que normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías».
Caracas emite este comunicado un día después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, avisara al Congreso de su país que pretende extender la Orden Ejecutiva 13.692, con la que se declaró a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de su país, «más allá del 8 de marzo de 2024».
«La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela», dice la misiva que envió el mandatario al Parlamento.
Ya la semana pasada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió sobre una nueva arremetida de la Casa Blanca contra el país suramericano, que contemplaría, entre otros asuntos, «robarse y descuartizar» la refinadora Citgo Petroleum, el principal activo venezolano en el extranjero.