El congelamiento de los fondos aprobados en 2022 —con más del 300% de inflación acumulada— amenaza la supervivencia de las casas de estudios superiores. «No tenemos garantizado el funcionamiento para después de mayo», dijo a Sputnik el presidente del Consejo.
Interuniversitario Nacional y rector
de la Universidad Nacional de San Martín.
El drástico recorte en el gasto público comprendido en el «plan motosierra» impulsado por el Gobierno de Javier Milei llegó a las aulas. En medio de la vorágine inflacionaria que atraviesa el país desde mediados del 2023, el congelamiento de los fondos destinados a las universidades nacionales —públicas y gratuitas— amenaza su supervivencia más allá del primer trimestre de clases.
Dado que el Congreso nacional no sancionó un presupuesto para el año corriente, se prorrogó el dispuesto en septiembre del 2022 para el 2023 (cuyas estimaciones contemplaban una inflación anual del 60% para el año entrante, sustancialmente menor al 211,4% registrado).
Entre la última aprobación de fondos y el actual ciclo lectivo, la inflación acumulada fue de 367%, por lo que la decisión del Poder Ejecutivo de no actualizar las partidas se traduce en un recorte de más del 70% del presupuesto. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, graficó la licuación en términos reales.
Un horizonte plagado de incógnitas
«No tenemos garantizado el funcionamiento para después de mayo. Contamos con el 25% de presupuesto del año pasado en términos reales», dijo a Sputnik Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín —ubicada en el conurbano bonaerense— y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
El énfasis del directivo se posa sobre los giros relativos a los gastos de funcionamiento, los cuales son provistos mensualmente por el Estado nacional. Dichas partidas congeladas son las que cristalizan la licuación presupuestaria, ante una inflación mensual de dos dígitos: «Los montos no nos alcanzan ahora. Mes a mes vamos acumulando deudas que cada vez son mayores».
Por fuera de los gastos de mantenimiento edilicio y de las actividades cotidianas de las universidades —que contemplan investigación científica, doctorados, becas, residencias y programas no curriculares—, la problemática supone un capítulo salarial. El directivo especificó que «hay dos grandes capítulos de las universidades: los salarios del personal docente y no docente, y la necesidad de recursos materiales para mantener el funcionamiento del edificio. Los dos ítems están profundamente atrasados».
Concretamente, la propuesta del Gobierno a los gremios docentes consistió en un incremento nominal del 16% de salarios respecto a los ingresos percibidos en diciembre de 2023. El valor representa un monto sustancialmente inferior al 51% registrado entre dicho mes y el siguiente (sin contar el alza de precios de febrero, que elevaría la cifra por encima del 70% de acuerdo a estimaciones privadas).
«Está en riesgo que perdamos el capital intelectual, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Sería una gran pérdida para el Estado», remarcó Greco.
Un conflicto de alcance nacional
El sensible escenario trasciende los límites del Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando a todas las casas de estudios superiores públicas. Desde la provincia de Santa Fe (centro), el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, explicó ante Sputnik que «nuestro problema es el mismo que el de todas las universidades del país. El desfase entre los fondos y los precios es fenomenal, y genera muchas dificultades».
«Tenemos problemas con las obras de infraestructura, que están paradas, pero también con las negociaciones paritarias de los docentes: la pérdida de poder adquisitivo del salario ha sido fenomenal. Todos los meses se hace más cuesta arriba sostener lo que hacemos cotidianamente», destacó Bartolacci.
El desafío de sostener la actividad cotidiana de la institución también fue advertido por el directivo: «estamos haciendo un enorme esfuerzo. Si no hay una actualización razonable, se va a hacer muy difícil pensar el normal desarrollo de las actividades para el segundo semestre», señaló.
«Se complica todo el mantenimiento de los edificios, financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo científico, y hasta el servicio del comedor. Estamos hablando del funcionamiento básico, mínimo e indispensable para poder abrir nuestras puertas», sostuvo el funcionario.
¿Una amenaza al prestigio académico?
Las dificultades que afrontan las universidades públicas y gratuitas -abiertas a argentinos y extranjeros en condición de igualdad- no se limitan al capítulo exclusivamente presupuestario. Greco lo expresó sin eufemismos: «me preocupa la coyuntura pero, sobre todo, el mediano plazo. Si esto se traduce en un desincentivo para que los educadores decidan formar parte de la educación nacional y terminen migrando a otros países, será muy perjudicial. Ya hemos vivido una ‘fuga de cerebros'».
«Nuestra universidad se basa en la generación de conocimiento que nutre a la formación: tenemos 21 doctorados que se sostienen por la dedicación de los investigadores. Nosotros no podemos resignar cantidad: cada título emitido requiere de estándares a los que no podemos renunciar», precisó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
En el mismo sentido se expresó Bartolacci: «Creo que es importante discutir la coyuntura, más allá del fondo. Es decir, qué lugar le asignamos a la educación superior y al desarrollo científico en un país con los problemas estructurales que tiene el país».
«Hay que dar la discusión urgente de actualización de partidas, pero sobre todo la de fondo, que es donde el Gobierno nacional comete un error. No se van a solucionar los problemas de Argentina, dejando de hacer las cosas que hacemos con la educación universitaria y con el desarrollo de la ciencia», advirtió el directivo.