El antiguo cabecilla de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arribará a suelo colombiano entre fuertes medidas de seguridad.
El excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso llegará deportado de EE.UU. a Colombia el martes, a las 2:00 de la tarde (hora local), según informaciones de los medios locales.
La semana pasada, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que había emitido el pasaporte de Mancuso, quien se encuentra en un centro de detención para migrantes en Georgia, luego de que se cumpliera su condena por narcotráfico en una cárcel estadounidense, a la que fue extraditado en 2008.
Su regreso ha generado expectativa, puesto que hasta el momento no se conoce si quedará en libertad o si deberá quedar recluido en un centro penitenciario.
¿Qué ocurrirá al llegar?
Según publicó Caracol Radio, las autoridades colombianas recibieron la notificación verbal de las estadounidenses que confirman el arribo de quien fuera comandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En la prensa trascendió que Mancuso —designado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, en julio de 2023—llegará al país suramericano en un vuelo chárter. Una vez en suelo colombiano, le corresponde a Migración registrar su entrada y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) detenerlo por los procesos judiciales abiertos en Colombia.
La DIJIN deberá llevarlo a un lugar de reclusión bajo medidas de máxima seguridad, debido a que su defensa manifestó en varias oportunidades el riesgo que supondría para su vida el regreso a territorio colombiano.
En su país le esperan procesos abiertos en la Fiscalía, la Justicia de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano transicional surgido tras el Acuerdo de paz entre el Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, en 2016.
Entre los delitos por los que deberá responder se encuentran centenas de homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas.
Además, como gestor de paz y por su sometimiento a la JEP, en condición de ‘bisagra’ entre los paramilitares y la Fuerza Pública (1989-2004), se espera que contribuya a la verdad, que reconozca su responsabilidad en los crímenes cometidos y que ayude a la reparación de las víctimas.