Estados Unidos , la Unión Europea, así como varias organizaciones internacionales que patrocinan a las ONG en Kirguistán han criticado un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que fue aprobado en primera lectura por el Parlamento nacional y sigue siendo examinado.
El presidente de Kirguistán, Sadyr Zhapárov, pidió al secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, que Washington no intervenga en los asuntos internos de su país, según una carta del mandatario kirguís publicada este 12 de febrero por su secretario de prensa, Askat Alagózov.
El vocero presidencial detalló que el original de la misiva fue entregado a la embajadora de EE.UU. en Kirguistán, Lesslie Viguerie. Según el portavoz, de este modo Zhapárov respondió a una carta que había recibido el pasado 17 de enero de parte de Blinken, en la que el funcionario estadounidense «expresaba su preocupación por el proyecto de enmiendas a la ley sobre organizaciones sin fines de lucro, que está siendo examinado por el Parlamento de Kirguistán».
«Debo observar con pesar que el contenido de su carta tiene signos de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado», denunció el presidente kirguís antes de explicar que el llamado «proyecto de ley sobre agentes extranjeros», que fue el motivo de «las preocupaciones» de Blinken, no es más que un intento de hacer cambios a una ley ya vigente, en particular la Ley de la República Kirguisa «sobre organizaciones sin fines de lucro», aprobada en octubre de 1999.
Financiación del extranjero
«El objetivo del proyecto de ley es aclarar y racionalizar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro que operan en la República de Kirguistán», indicó Zhapárov, al aclarar que «al día de hoy hay decenas de miles» de este tipo de organizaciones que trabajan en todo el país y varias de ellas «reciben financiación del extranjero, y no solo de EE.UU. o de la UE».
En este contexto, el presidente destacó que se trata de un «problema directamente relacionado con la protección de los intereses legítimos» de la nación. «El Estado kirguís, como corresponde a su estatus, pretende controlar de dónde proviene el dinero para estas ONG y organizaciones sin fines de lucro, cómo, con qué fines, quién y dónde debe gastarlo», explicó.
Al mismo tiempo, Zhapárov señaló que el concepto del nuevo proyecto de ley —que prevé un registro estatal de organizaciones sin fines de lucro que desempeñan sus funciones como representantes extranjeros— «se aproxima a la actual Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), adoptada en EE.UU. en 1938». «Como sabemos, FARA prevé la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación, sino también para otras personas jurídicas y físicas. Las infracciones: la demora en el registro o la negativa a registrarse conllevan sanciones no solo administrativas sino también penales», recordó el presidente de Kirguistán. «En este sentido, no puede dejar de surgir la pregunta: ¿Por qué es posible para ustedes, pero no para nosotros?», cuestionó.
El mandatario agregó que «la sociedad y el Estado deben ver de dónde, de qué fuentes extranjeras y con qué fines proviene la financiación» de tal o cual organización sin fines de lucro, no obstante «los representantes de los llamados ‘medios de comunicación libres y ONG’ de Kirguistán recibieron con hostilidad» el nuevo proyecto de ley.
«Tormenta de indignación»
«El proyecto de ley han provocado una tormenta de indignación por parte de varios medios de comunicación y ONG financiadas por los contribuyentes de los Estados miembros de la UE y de EE.UU., que temen salir de la ‘sombra’ y del control fiscal real por parte del Estado», subrayó el presidente.
Desde el 2023, a las críticas al proyecto de ley también se sumaron varios políticos de países extranjeros, así como estructuras internacionales como la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros donantes de ONG y medios de comunicación kirguises, agregó.
Asimismo, Zhapárov aseguró que la enmienda en cuestión se basa «en principios y normas generalmente aceptados del derecho internacional», así como en las normas de la Constitución y las leyes de Kirguistán, y estas últimas prevén que «el Estado no interfiere ni tiene la intención de interferir en las actividades estatutarias de una organización no gubernamental o sin fines de lucro o de los medios de comunicación».
«Por lo tanto, no me queda claro ¿cómo el proyecto de ley antes mencionado, si fuera aprobado por el Parlamento, podría poner en peligro, como usted escribe, ‘el acceso de sus ciudadanos a servicios vitales como la atención sanitaria y la educación a través de programas implementados por organizaciones no gubernamentales con el apoyo del Gobierno de EE.UU. y socios internacionales’?», preguntó.
Ante esta situación, el presidente Zhapárov sugirió que Blinken «compartió sus preocupaciones» sobre dicho proyecto «basándose en información poco confiable» de ciertas ONG que operan en Kirguistán, por lo que no tiene «una imagen objetiva de la situación real de los derechos humanos y las libertades» en la república. Agregó que dichas «fuentes tan poco fiables especulan sobre sus ‘dificultades’ y ‘persecuciones’, que, a su vez, obligan a las estructuras extranjeras patrocinadoras a seguir su ejemplo, a despilfarrar y desperdiciar el dinero de los contribuyentes de EE.UU. y los países de la UE».
En este sentido, el mandatario propuso a Blinken realizar una auditoría del uso de fondos por parte de organizaciones financiadas EE.UU. «al menos durante los últimos 10 años», así como visitar en persona Kirguistán «para ser testigo de que los derechos humanos y las libertades en el país están protegidos de manera confiable por la Constitución y las leyes» nacionales. «Mi única petición es que no interfieran en los asuntos internos de nuestro país«, concluyó Zhapárov.