Los conspiradores planeaban impedir la toma de posesión del actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, y también detener a los jueces del Tribunal Supremo, escribe el periódico citando fuentes.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro consiguió en 2022 el apoyo de algunos militares de alto rango para participar en un golpe de Estado. Así lo informó el Financial Times con referencia a un informe policial.
Según él, el comandante de las fuerzas terrestres del país prometió «tomar todas las medidas necesarias para garantizar un golpe de Estado». El comandante de la Armada también expresó su apoyo al expresidente.
Según la investigación, los conspiradores planeaban impedir la toma de posesión del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y detener a los jueces del Tribunal Supremo Alexander de Moraes, que en ese momento presidía la Comisión Electoral Central del país, y Gelmar Mendes. así como el presidente del Senado Federal (cámara alta del parlamento), Rodrigo Pasek.
Después de la victoria electoral de Lula da Silva, el complot fracasó porque Bolsonaro temía no tener suficiente apoyo en el ejército. La victoria de Lula da Silva fue reconocida posteriormente por una amplia gama de líderes políticos brasileños.
El 8 de febrero, el portal de noticias G1 informó que la policía brasileña había lanzado un operativo a gran escala como parte de la investigación sobre el intento de golpe. Según el portal, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó a Bolsonaro entregar su pasaporte internacional y también detuvo a su exasesor en asuntos internacionales, Philippe Martins. Además, el tribunal emitió órdenes de allanamiento para otros 33 asociados de Bolsonaro, incluido el ex ministro de Defensa Walter Sousa Braga Netto, el líder del Partido Liberal Valdemar Costa Nitu y el ex ministro de Justicia Anderson Torres.
El 8 de enero de 2023, partidarios del expresidente de Brasil se enfrentaron a la policía e irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia (el Parlamento, el Tribunal Supremo Federal y la residencia de trabajo del jefe de Estado), protagonizando allí pogromos. Se opusieron a los resultados de las elecciones presidenciales de octubre, que ganaron Lula da Silva.
Los disturbios provocaron una protesta pública generalizada y la condena de las autoridades de países extranjeros. Según las autoridades brasileñas, alrededor de 5 mil personas participaron en los pogromos, más de 1,4 mil fueron detenidas y la mayoría de ellas fueron posteriormente enviadas bajo arresto domiciliario.