Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación luchan por hacerse del control de una ruta estratégica para el tráfico de drogas hacia EE.UU. y la Unión Europea.
Ecuador representa un territorio estratégico para las organizaciones del crimen organizado. Esta pequeña nación suramericana constituye una ruta alternativa a Colombia y Perú para el tránsito de cocaína.
Y es que, a través de Ecuador, la ruta resulta mucho más segura para grupos del narcotráfico de origen mexicano con vocación transnacional, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un territorio estratégico
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ecuador es hoy el tercer país con más cocaína incautada en escala global. En julio de 2023, la Oficina reportó que en los últimos dos años se habían decomisado más de 450 millones de toneladas.
Con todo y las incautaciones, sin embargo, desde Ecuador cada año se consiguen distribuir entre 700 y 800 toneladas de cocaína con destino hacia EE.UU. y la Unión Europea.
Este enorme volumen de contrabando obedece, en buena medida, a que los cárteles mexicanos han venido implementando métodos diversos para el transporte que han logrado burlar la vigilancia de la autoridad.
Uno de ellos consiste en esconder la droga en grandes contenedores de mercancías legítimas, una práctica que se conoce como «gancho ciego».
En este contexto, cabe destacar que Ecuador es hoy el principal exportador mundial de bananas. Y es dentro de los contenedores de esta fruta, por ejemplo, en donde los grupos de la delincuencia organizada esconden la droga para luego despacharla desde los puertos de Guayaquil.
En esta encomienda, las alianzas han sido decisivas para los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los organizaciones delictivas mexicanos no podrían traficar droga desde Ecuador sin el de apoyo grupos delincuenciales experimentados que operan en el plano local.
En su lucha por hacerse del control del territorio, estos cárteles han tejido alianzas con bandas que contribuyen a garantizar el flujo de droga y, en contraparte, reciben armas y una jugosa remuneración por la prestación de sus servicios.
En su lucha por hacerse del control del territorio, estos cárteles han tejido alianzas con bandas en Ecuador que contribuyen a garantizar el flujo de droga y, en contraparte, reciben armas y jugosos dividendos por la prestación de sus servicios.
‘Los Tiguerones’, ‘Los Lagartos’ y ‘Los Lobos’ son acusados de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que ‘Los Choneros’, una de las bandas delincuenciales más antiguas de la nación suramericana, se relacionan con el Cártel de Sinaloa.
Sobre algunas de estas bandas ya pesan incluso acusaciones de violencia política. En agosto del año pasado, el líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Salazar, alias ‘Fito’, fue señalado como uno de los responsables del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio.
Por otro lado, toda vez que en algunas ocasiones la remuneración de estas pandillas por parte de los cárteles no es en dinero en efectivo, sino a través de armas y droga, los enfrentamientos se han venido intensificando por hacerse de la supremacía en el mercado minorista.
En la actualidad, las disputas entre bandas locales han instalado un ambiente de inseguridad y violencia inédito en Ecuador cuando, hace menos de cinco años, era uno de los países más seguros de la región latinoamericana.
En 2019, la tasa de homicidios era de apenas 6,7 por cada 100.000 habitantes mientras que, el año pasado, el país suramericano registró 7.200 muertes violentas, cifra récord que supone una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes.
A la luz de estos datos, de acuerdo con especialistas consultados por RT, Ecuador se ha convertido de facto en un «escenario de guerra», situación que revela que, en una de sus responsabilidades fundamentales, la de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Estado se ha visto rebasado.
El ‘Culiacanazo’ llega a Suramérica
La ola de inseguridad y violencia que vive Ecuador está directamente relacionada con la expansión de las operaciones de los grupos de la delincuencia organizada, en particular, de los cárteles mexicanos.
La presencia del Cártel de Sinaloa en Ecuador se registra desde el año 2003. Esta organización criminal ha expandido su presencia en cada vez más zonas de la nación suramericana, entre ellas, Sucumbíos, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena.
De acuerdo con un informe publicado por la Policía Nacional, esta organización cobró relevancia en Ecuador a partir de la detención, en 2009, del excapitán de inteligencia del Ejército Telmo Remigio Castro.
Según el documento, Remigio Castro fue quien comenzó la alianza con el Cártel de Sinaloa para facilitar el transporte de cocaína de origen colombiano hacia Centroamérica y México.
Años después, el Cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpiría en Ecuador para trabar sus propias alianzas con bandas locales, con lo cual, aumentaron de forma exponencial las disputas por el territorio.
«Hay pandillas que controlan el tráfico de drogas y que trabajan para los cárteles mexicanos. Creo que es algo más que una asociación, es una extensión de las operaciones de los cárteles mexicanos. Y no solo pasa en Ecuador, sino también en países como Perú», apunta la especialista.
En entrevista, Yuriria Rodríguez Castro, investigadora especializada en criminología y seguridad nacional, explica que el modus operandi de los cárteles mexicanos se ha terminado «exportando» a otros países de la región.
«Hay pandillas que controlan el tráfico de drogas y que trabajan para los cárteles mexicanos. Creo que es algo más que una asociación, es una extensión de las operaciones de los cárteles mexicanos. Y no solo pasa en Ecuador, sino también en países como Perú», apunta la especialista.
En cuanto a la ola de inseguridad y violencia registrada en enero de este año, Rodríguez Castro considera que se trató de un despliegue de fuerza muy bien articulado, que ya había ocurrido en México de manera similar. «En Ecuador hubo un ‘Culiacanazo», sentencia.
Y es que, un año antes, recuerda la especialista, en la ciudad de Culiacán, tan pronto se dio a conocer la captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quien fuera el máximo líder del Cártel de Sinaloa, se detonaron «acciones terroristas» que incluyeron balaceras, quemas de vehículos, la toma del aeropuerto y amagos contra medios de comunicación.
Washington propone profundizar la cooperación (y su injerencia)
Bajo el argumento de garantizar la estabilidad en el Continente, el Gobierno de EE.UU. se ha propuesto ampliar el alcance de los acuerdos con su par ecuatoriano con el objetivo de poner un alto a la inseguridad y la violencia.
Entre las acciones de disuasión por parte de Washington hay que recordar que, en febrero de 2022, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra dos narcotraficantes vinculados con la importación de cocaína desde Ecuador: Wilder Emilio Sánchez Farfán y Miguel Ángel Valdez Ruiz.
Sánchez Farfán, de nacionalidad ecuatoriana, dedicado a importar cocaína vía terrestre desde el sur de Colombia hasta Ecuador, estaba en la mira de Washington por considerarlo uno de los capos más importantes del mundo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, una de las tareas que le eran encomendadas a Sánchez Farfán desde territorio mexicano, consistía en hacer envíos al Cártel de Sinaloa, desde Ecuador hasta los puertos de Manzanillo y Ensenada.
Además, Sánchez Farfán llegó a enviar varios comisionados a México para que negociaran un acuerdo con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes también estaban interesados en garantizarse un flujo continuo de cocaína.
«El tráfico de drogas constituye una grave amenaza para los estadounidenses, la seguridad internacional y el sistema financiero», sentenció en aquel momento Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Ahora, bajo el Gobierno de Daniel Noboa, la Administración de Joe Biden se ha propuesto estrechar todavía más los lazos de cooperación en materia de seguridad y defensa que se reconstituyeron durante la pasada gestión del presidente conservador Guillermo Lasso.
Para autorizar una base militar en Ecuador tendría que haber primero cambios a la Constitución, ya que la de Montecristi, elaborada en 2008, establece en su artículo 5 que el país es un «territorio de paz», con lo cual, no se permite ceder instalaciones o bases militares a Fuerzas Armadas o de seguridad de una potencia extranjera.
El objetivo es ampliar los alcances del memorándum de entendimiento suscrito en septiembre de 2021, a través del fortalecimiento de una estrategia bilateral de combate al narcotráfico para conseguir, supuestamente, pacificar al país.
Poner en el acento en los programas de capacitación, el intercambio de información, la dotación de equipo, así como el despliegue eventual de efectivos en territorio ecuatoriano son algunas de las propuestas planteadas por Washington.
Como parte de esta estrategia, desde el Comando Sur de EE.UU. (US Southern Command) no se descarta la reactivación de una base militar, como la que funcionó en Manta hasta 2009, cuando Rafael Correa, en ese entonces presidente de la nación, la desmanteló.
En esa época, Correa denunció que un acuerdo de ese tipo, avalado en 1999 durante el Gobierno de Jamil Mahuad, atentaba contra la soberanía nacional al permitir el libre tránsito de militares estadounidenses.
En la actualidad, para autorizar un proyecto de este tipo tendría que haber primero cambios a la Constitución, ya que la de Montecristi, elaborada en 2008, establece en su artículo 5 que Ecuador es un «territorio de paz», con lo cual, no se permite ceder instalaciones o bases militares a Fuerzas Armadas o de seguridad de una potencia extranjera.
Por otra parte, hay tres acuerdos de asistencia militar suscritos durante el Gobierno de Lasso que, en caso de ser ratificados por el presidente Noboa, despejarían el camino para que, de facto, EE.UU. obtenga inmunidad y adquiera facultades en la toma de decisiones.
El primero, es el Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA, por sus siglas en inglés); el segundo, tiene que ver con las Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas; y, el tercero, se refiere a la Asistencia en Interceptación Aérea.
Estos acuerdos, que ya no requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional luego de un dictamen a favor de la Corte constitucional, violarían la disposición que permite a la Fiscalía realizar investigaciones e imputar cargos.
Si se ratifican el primer y el segundo acuerdo por el poder Ejecutivo, los civiles, contratistas y militares del Departamento de Defensa de EE.UU. quedarían exentos de las acciones de la Fiscalía, además de que el Estado ecuatoriano ya no sería el único con la competencia a la hora de determinar las condiciones de movilidad dentro de su territorio.
Finalmente, si se llegara a implementar el tercer acuerdo, Ecuador otorgaría al Pentágono el uso de la totalidad de su espectro radioeléctrico de forma gratuita, pese a que en la Constitución se estipula que por lo menos un 50 % de los beneficios que este genere deben quedar en manos del Estado.