El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la tarde del lunes 5 de febrero su último paquete de reformas constitucionales.
Las iniciativas incluyen cambios en el Poder Judicial, y propuestas para el combate al crimen, de política social, económica y electoral, y son presentadas a menos de cuatro meses de las elecciones generales.
Los proyectos de reformas a la Constitución se presentan a la Cámara de Diputados para «que se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo: la esencia de estas normas y nuevos derechos es encauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes», dijo el gobernante en un discurso ante su Gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.
Estas iniciativas de reformas constitucionales que requieren mayoría calificada de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso —de la cual carece el oficialismo— son entregadas a la Cámara de Diputados como cámara de origen, para que sean tratadas en esta legislatura o en la próxima (después de las elecciones), en conmemoración del Día de la Constitución vigente promulgada en 1917.
Las primeras 10 iniciativas
La primera iniciativa propone «reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujeto de derecho público, atendiéndoles de manera preferente por ser los más antiguos y olvidados de México».
La segunda plantea entregar becas a los estudiantes en todos los niveles, como mandato constitucional; y la tercera «reafirmar el derecho a pensión para adultos mayores a los 65 años y aumentar el monto año con año», lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán un subsidio universal.
La cuarta reforma propone atención médica gratuita a todos la población mexicana; la quinta «que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas», y la sexta establece en la carta magna la prohibición del maltrato a los animales.
También propone en séptimo lugar prohibir la tecnología de fractura hidráulica o fracking para la explotación de hidrocarburos en rocas de esquisto; y en octavo «respetar las zonas con escasez de agua y permitir únicamente el uso doméstico».
La novena iniciativa propone prohibir el consumo de fentanilo y vapeadores, y aumentar las penas por narcotráfico; y la décima «el aumento al salario mínimo con base en la inflación» en rango constitucional.
Las otras propuestas
La propuesta número 11 indica que el salario de maestros y policías «no deberá ser menor a quienes están inscritos al seguro social», y la 12 «revertir las reformas a pensiones de 1997 y de 2008 para poder jubilarse con el 100 por ciento de su salario».
Desde el 1 de mayo se creará un fondo de más de 64.000 millones de pesos (más de 3.700 millones de dólares) que se incrementará poco a poco para poder compensar a los trabajadores afectados.
La treceava iniciativa plantea «garantizar el derecho a la educación y trabajo», de modo que cuando los jóvenes no estén estudiando el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente durante un año mientras se capacitan en tiendas, talleres y empresas, como opera el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La iniciativa de reforma 14 indica que «todos los campesinos contarán con un jornal seguro, justo y permanente», como ahora sucede con el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar para Pescadores y pequeños productores.
La número 15 propone el uso de 18.000 kilómetros de vías férreas para la creación de trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa de interés público.
El proyecto 16 busca la reducción de los gastos a campañas y partidos políticos, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 curules, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como es ahora.
Además, en el lugar 17 de la lista el proyecto señala que los consejeros y magistrados del Poder Judicial «serán elegidos por el voto libre y secreto para favorecer la democracia participativa».
La iniciativa número 18 propone que «para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional». El proyecto 19 plantea «convertir en política de Estado la austeridad republicana», para que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República.
La vigésima y última busca «eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el propósito de defender intereses políticos».
López Obrador sabe que algunas reformas no alcanzarán la mayoría calificada necesaria, pero propone que sean parte de una agenda legislativa del próximo Congreso, que será renovado el 2 de junio en el marco de las elecciones generales, que incluye las presidenciales, y que el presidente ha bautizado como el Plan C.