Washington alega que Caracas realiza acciones «inconsistentes» con el Acuerdo de Barbados, pacto firmado entre el Gobierno de Maduro y la oposición radical.
El Gobierno de los EE.UU. anunció que reanudará las sanciones contra Venezuela en los sectores petrolero y minero a partir del próximo 18 de abril, debido a supuestas inconsistencias que habría ejecutado Caracas con respecto a lo establecido en el Acuerdo de Barbados con el sector radical de la oposición.
A través de un comunicado de prensa del Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller señaló que la medida de Washington responde a «las acciones» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de «sus representantes en Venezuela», como han sido «el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año».
«En apoyo del Acuerdo de Barbados, EE.UU. emitió la Licencia General 44, que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EE.UU. no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024«, dijo Miller.
El vocero agregó que EE.UU. también revocara la Licencia General 43, que autorizaba transacciones con Minerven, una empresa estatal venezolana dedicada al sector minero. «Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia», añadió.
Miller indicó que Washington «sigue firmemente comprometido» en apoyar el diálogo entre las partes. «Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios del Acuerdo de Barbados».
Para EE.UU., añadió el vocero, «el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados, sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga data de Venezuela», porque lograría «elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela».
Tema clave para EE.UU.
Sin embargo, Washington alega que para que esto suceda, «Maduro y sus representantes» deben respetar «los principios de la hoja de ruta» y garantizar que «los actores políticos de la oposición tengan derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024″.
Las reacciones de EE.UU. contra Venezuela se acentuaron luego que el pasado viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara las sentencias con respecto a la situación jurídica de varios políticos opositores que había estado inhabilitados para ejercer cargos públicos en ese país por distintas irregularidades penales, entre ellas presuntos delitos de corrupción, malversación, traición a la patria, entre otros.
En ese listado de políticos opositores, algunos fueron habilitados por el máximo tribunal venezolano y a dos: María Corina Machado y Henrique Capriles Radonsky, se les ratificó la inhabilitación por 15 años a ejercer cargos públicos por una serie de ilícitos expuestos con detalle por el TSJ.
A partir de ahí, EE.UU. ha vuelto a amenazar a Caracas, al argumentar que todos los actores de la oposición, especialmente Machado, deben tener la posibilidad de participar en las próximas elecciones como aspirantes a la Presidencia de Venezuela.