Casa Blanca: Presuntos vínculos con Hamás de una agencia de la ONU no deben inculpar a toda la entidad

«No impugnemos el buen trabajo de toda la agencia por las posibles malas acciones de un pequeño número [de empleados]», afirmó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, pidió este lunes una investigación exhaustiva sobre las acusaciones contra 13 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), a los que se señala por supuestamente participar en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre o en sus postrimerías, recogen medios locales.

Al ser preguntado sobre si tiene alguna razón para creer que haya más empleados de la UNRWA implicados, Kirby dijo que «no ha visto ninguna información» que lo confirme. «Por eso es tan importante una investigación, para poder ver el alcance del conjunto de problemas«, aseveró.

El alto funcionario subrayó que las acusaciones no deberían manchar a toda la organización. «Hay 13.000 empleados de la UNRWA. Hay 13.000 de ellos solo en Gaza y, como dije la semana pasada, no impugnemos el buen trabajo de toda la agencia por las posibles malas acciones de un pequeño número de ellos», afirmó.

El vocero destacó que «no desestima la gravedad de las acusaciones contra esos empleados». «Esperemos que la investigación nos dé más información», concluyó.

En respuesta a las acusaciones, que aparecieron la semana pasada, la ONU comunicó el viernes que había despedido a varios miembros de su personal y comenzado una investigación.

En ese contexto, países como Japón, Francia, EE.UU., Canadá, Finlandia, Países Bajos, Australia, Italia, Alemania, Austria, Reino Unido y Suiza decidieron suspender su contribución a la UNRWA.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el domingo que se reanude la financiación, enfatizando que el trabajo de la agencia es fundamental para la supervivencia de los dos millones de civiles asentados en el enclave palestino y que sus decenas de miles de empleados, que trabajan en condiciones de riesgo, no deben ser penalizados.

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