Joe Biden hace historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio de EE.UU. en ser demandado por complicidad en un caso de genocidio.
Un tribunal federal de Oakland, en el estado de California, celebró el viernes la primera audiencia del caso, basándose en la denuncia del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) —una organización de defensa legal con sede en Nueva York—, contra Biden y sus secretarios de Estado y de Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, por no prevenir el “genocidio en curso” cometido por Israel en la Franja de Gaza.
La demanda, que fue presentada en noviembre en nombre de varios grupos palestinos, incluidos Al-Haq y Defensa de los Niños Internacional, sostiene que el genocidio en curso del pueblo palestino en Gaza ha sido posible hasta ahora gracias al “apoyo incondicional brindado” por los acusados, es decir Biden, Blinken y Austin.
“Como el aliado más cercano y el más fuerte partidario de Israel, siendo su mayor proveedor de asistencia militar por un amplio margen y siendo Israel el mayor receptor acumulativo de asistencia exterior estadounidense desde la II Guerra Mundial, EE.UU. tiene los medios disponibles para tener un efecto disuasorio sobre los funcionarios israelíes que están llevando a cabo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza”, reza la acusación.
Cientos de personas, entre ellos miembros de sindicatos, clérigos, y palestinos del Área de la Bahía, se unieron frente al edificio federal de Oakland en apoyo de la demanda civil contra Biden y su Administración.
Los manifestantes pidieron un alto el fuego en Gaza y que la Administración Biden rinda cuentas por el genocidio del pueblo palestino en el enclave. “Biden: Cómplice del genocidio”, se leía en un mensaje escrito en mayúscula en una calle en Oakland.
“Si la Administración Biden tuviera la voluntad, podría poner fin a este genocidio hoy, si quisiera”, dijo Sharif Zakout del Centro de Recursos y Organización Árabe (AROC, por sus siglas en inglés), participando en la manifestación.
La protesta se produjo la misma jornada en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos), presente su primer fallo en un caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel. El dictamen pidió a Israel que garantizara que sus fuerzas no cometan genocidio, y que tomara medidas urgentes para permitir la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Mientras la sentencia fue apoyada por las Naciones Unidas y muchos otros países, Estados Unidos evidenció una vez más su apoyo irrestricto a Israel ante el mundo, al calificar el fallo de “infundado”.
La Administración Biden ha apoyado política y militarmente la campaña de agresiones brutales de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada en octubre. Al menos 250 aviones de carga y más de 20 barcos han entregado más de 10 000 toneladas de armamento y equipo militar a la entidad sionista desde el inicio de la guerra, que se ha cobrado más de 26 000 vidas entre civiles.