El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió mediante un comunicado difundido por la Casa Blanca que la seguridad en la frontera sur de su país es vulnerable desde hace tiempo, en el marco de la negociación que se desarrolla con los legisladores republicanos para aprobar un paquete con más fondos destinados al ámbito.
«Durante demasiado tiempo la frontera ha estado rota, todos los sabemos», reconoció el jefe del ejecutivo federal este 26 de enero en el pronunciamiento.
Se trata de una admisión llamativa para el mandatario demócrata, quien durante toda su gestión ha criticado a los legisladores republicanos por hacer excesivo foco en la seguridad de la frontera con México.
Sin embargo, en pleno año electoral, y con la cifra récord de ocho millones de detenciones de migrantes en sus primeros tres años de Gobierno, el presidente demócrata ha venido en los últimos días cambiando el guion de su respuesta ante el flujo de migrantes.
Apenas la semana pasada, ante la pregunta de una periodista sobre si la frontera con México era segura, el mandatario respondió: «No, no lo es».
Además, la Casa Blanca ha aceptado en los últimos meses negociar con los republicanos una mayor financiación a la seguridad fronteriza y un endurecimiento de las políticas migratorias, como parte de un paquete de ayudas más amplio que también incluye fondos para Israel y Ucrania. El propio comunicado firmado por Biden reconoce que el país vive una «crisis fronteriza».
«Lo que se ha negociado sería —si se convierte en ley— el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país. Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada.
Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley», promete Biden.
El comunicado detalla que la propuesta impulsada por la Casa Blanca, que es poco probable que sea aceptada por la bancada republicada, según han indicado reportes periodísticos publicados esta semana, incluye 1.300 agentes de la Patrulla Fronteriza adicionales, 375 jueces de inmigración, 1.600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en la frontera.
Los comentarios del mandatario se dan además en medio de una dramática escalada con el Gobierno de Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, ha declarado este 26 de enero que continuará con su política antimigratoria, haciendo caso omiso al reciente fallo de la Corte Suprema, que desautorizó a la Guardia Nacional de la entidad seguir alambrando con púa la frontera sur.