Más de cien abogados de la comunidad palestina en Chile, la más grande fuera del mundo árabe, presentaron una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel acusándolo de cometer delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Sputnik habló con uno de los impulsores, el exembajador Nelson Hadad.
Estos 11 y 12 de enero se realizaron las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, emplazada en La Haya, para analizar la denuncia de Sudáfrica contra Israel por el delito de genocidio, en relación a la operación militar que Tel Aviv lleva adelante en la Franja de Gaza en su guerra contra Hamás.
Si bien la denuncia ante el máximo tribunal de justicia de las Naciones Unidas ha obtenido el respaldo de países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Nicaragua y Bolivia, entre otros, un grupo de prominentes abogados de otro país de la región, Chile, ha realizado otra presentación, esta ante la Corte Penal Internacional, que califica de genocidio a la respuesta militar en el territorio palestino, que ya ha provocado la muerte de más de 23.000 ciudadanos, la mayoría civiles.
Vale aclarar que si bien la Corte Internacional de Justicia, dependiente de la ONU, dirime disputas entre estados, la Corte Penal Internacional trata de determinar las responsabilidades de individuos, por lo que mientras la denuncia de Sudáfrica está dirigida a Israel, la acusación de la comunidad palestina chilena involucra al primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, y sus funcionarios militares de más alto nivel.
El diplomático Nelson Hadad, quien fue embajador de Chile en Irak, Jordania y Egipto, además de exfuncionario del Gobierno de Ricardo Lagos, es uno de los abogados que impulsa la denuncia presentada ante la CPI este 22 de diciembre, y anunciada ante la opinión pública a comienzos de año en conferencia de prensa en la capital chilena, Santiago.
El letrado de 77 años explicó en entrevista con Sputnik que la iniciativa nació de la indignación y movilizaciones masivas que ha vivido Chile tras el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, que sacaron a la calle a buena parte de los 600.000 personas que integran la comunidad palestina en el país sudamericano.
«Se hicieron muchísimas marchas, mítines y actos por Palestina. Sin embargo, llegamos a la conclusión que, aparte de ese desahogo, lo que correspondía hacer para frenar los crímenes de Israel en Gaza era aprovechar nuestra formación jurídica y presentar una denuncia. Esto, por supuesto, era algo nuevo para nosotros, por lo que tuvimos que asesorarnos para saber cómo elaborar una denuncia ante la Corte Penal Internacional», señala Hadad, en referencia a la asistencia que recibieron del penalista chileno Juan Carlos Manríquez, quien encabeza el Comité de Asesoría Legal de la Barra de Abogados de la CPI.
Para la querella, explica el defensor, se recolectaron numerosas evidencias y declaraciones no solo de autoridades del Gobierno de Netanyahu sobre el accionar del Estado hebreo en Gaza, sino también de representantes de los órganos internacionales de Naciones Unidas, como la Unicef, la Organización Mundial de la Salud, la ACNUR, la UNRRA y Médicos Sin Fronteras.
«Presentar una denuncia por genocidio requería de probar que se estaba frente a un accionar deliberado y sistemático por parte de Israel para destruir la población y la identidad nacional del pueblo palestino. Porque el Estatuto de Roma, que es el documento constitutivo de la CPI, en su artículo sexto, define el genocidio como los actos deliberados destinados a destruir, aniquilar la existencia de un grupo étnico, racial o religioso», señaló.
«Lo que hemos visto en estos 90 días de campaña militar es la masacre de la población de Gaza sin distinguir entre civiles y combatientes. Israel ha llevado adelante esta matanza en barrios residenciales, edificios y casas, como también en iglesias, escuelas, mezquitas y hasta campamentos de refugiados», expresó el litigante.
«Este asedio total sobre Gaza, en el que las fuerzas israelíes han dejado al territorio sin medicina, sin agua, sin combustible, lo que significa que cuando sus habitantes no mueren asesinados por bombas lo hacen por inanición, evidencia que estamos claramente frente a un hecho intencional, deliberado y sistemático, por lo cual debe acreditarse, en nuestra opinión, que se está llevando adelante un genocidio», añadió.
Hadad, quien explicó a Sputnik que la querella pide la emisión de una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yovad Gallant, así como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, reveló que la denuncia incluye un informe geoespacial que muestra el nivel de destrucción de la infraestructura habitable en el territorio palestino.
«Se trata de una operacion de demolición, de tierra arrasada, porque todos los centros urbanos han sido destruidos por bombardeos. Esto no es algo fortuito ni son daños colaterales, es parte de un plan de exterminio planeado y ejecutado al más alto nivel en Israel. La idea es que no quede ni un solo palestino vivo ni habitando el territorio», recriminó.
Hadad indicó que la denuncia ya fue ingresada a la Sala de Asuntos Preliminarios de la Corte Penal Internacional, donde será estudiada a la espera de una decisión.
Sin embargo, sabiendo que los protocolos en la CPI suelen ser lentos y las investigaciones pueden llevar años, el grupo de abogados chilenos reclama que el fiscal general Karin Khan actúe de oficio y pida a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una orden de detención preventiva contra Netahyanu, Gallant y Halevi.
Cabe aclarar que si bien Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional desde 2015, el Estado de Israel no reconoce la competencia de este tribunal supranacional, y el propio Netanyahu lo ha tildado de «órgano antisemita» por investigaciones anteriores que la CPI llevó adelante por presuntos crímenes de guerra cometidos por el Estado hebreo en Gaza.
Expertos señalan que el hecho de que Israel no reconozca a la CPI hace que investigar los presuntos delitos cometidos por su dirigencia sea más difícil, pero aseguran que una condena de este tribunal es más plausible que un veredicto contrario a Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto último debido al poder de veto de Estados Unidos, aliado histórico de Tel Aviv y país que respalda y financia parcialmente la operación militar en Gaza.
Respaldo político en Chile y la creciente soledad de Israel
Hadad le dijo a Sputnik que fue muy importante el apoyo que tuvo la iniciativa en la CPI de parte de todo el arco político chileno, ya que senadores de los principales partidos políticos acompañaron a los abogados miembros de la comunidad palestina durante la conferencia de prensa celebrada el 3 de enero para dar a conocer la denuncia contra Israel.
Vale recordar que Chile reconoce a Palestina como un Estado independiente y soberano desde 2011, y el propio presidente Gabriel Boric, quien ha sido un defensor de la causa palestina desde sus años como dirigente estudiantil, ha condenado las acciones de Israel tras el inicio de su más reciente ofensiva.
El mandatario hasta llamó a consulta al embajador chileno en Tel Aviv, Jorge Carvajal, criticando las «inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza».
«Desde la izquierda hasta la derecha, todos los políticos en Chile han apoyado nuestra denuncia. Y además hicimos un llamado al presidente Boric para que el Estado chileno, que fue firmante del Estatuto de Roma que creó la CPI, interpusiera una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los mismos delitos de genocidio y crímenes de guerra, utilizando la evidencia que está en nuestra querella», agregó el litigante chileno en charla con este medio.
«Y (…) la representante de Chile en Naciones Unidas, Paula Narváez, anunció que el Gobierno interpondrá una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Israel», narró.
Todo esto confirma, de acuerdo con Hadad, que la ofensiva de Israel ha perdido la mayoría del apoyo internacional y que solo le queda el respaldo de EEUU y algunos de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero que el resto del mundo condena la matanza indiscriminada de civiles palestinos, donde muchas de las víctimas son mujeres y niños.
«La absoluta mayoría de la población mundial, tal como lo demostró la resolución votada en la Asamblea General en las Naciones Unidas de mediados de diciembre, que solo no fue acompañada por Israel y EEUU y apenas un puñado de países más, quiere un cese al fuego inmediato y que Tel Aviv detenga esta campaña militar que le está costando la vida a decenas de miles de personas», concluyó.