MOSCÚ — Colombia advirtió a Ecuador de que un acuerdo bilateral de 1990 no admite la expulsión en masa de unos 1.500 colombianos que cumplen condena hoy en cárceles ecuatorianas.
«La eventual expulsión de connacionales anunciada en medios de comunicación [por] el Presidente de la República de Ecuador, distinto a la figura de repatriación, constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia», alertaron los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia en un comunicado de prensa conjunto publicado el miércoles por la noche.
El Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, firmado por Colombia y Ecuador el 18 de abril de 1990, obliga a estudiar caso por caso las solicitudes de repatriación de connacionales en el exterior.
«Es un proceso individual —no masivo—, que responde a criterios objetivos —no a la simple voluntad de los Estados parte—, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada», consta en el comunicado.
El Ministerio de Justicia y del Derecho colombiano manifestó su «total disposición para activar el trámite de repatriación bajo los parámetros establecidos» en el citado convenio.
Al mismo tiempo, dejó claro que «las solicitudes son estudiadas caso a caso» y que hay una serie de criterios para efectuar el traslado, a saber, que la persona condenada en el extranjero haya cumplido al menos el 50% de la pena; presente estado de salud grave, progresivo e irreversible; o situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, con dependencia severa o máxima total; o que tenga 65 años o más; o por estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de los padres, hijos y/o cónyuge o compañero(a) permanente.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, avanzó el 10 de enero a Radio Canela que el Gobierno planea comenzar esta semana la deportación de 1.500 presos extranjeros en medio de una ola de violencia con motines en cárceles, quema de autos y explosiones en las calles. Noboa dijo que la idea es empezar con Colombia cuyos nacionales, juntos con venezolanos y peruanos, representan el 90% de la población extranjera en las cárceles ecuatorianas.
La situación de inseguridad que vive Ecuador desde hace al menos dos años se agudizó el 7 de enero tras conocerse la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, quien cumplía 34 años de cárcel en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la región sureste.
La evasión llevó al presidente, quien asumió el 23 de noviembre, a decretar el 8 de enero el estado de excepción en todo el país por un periodo de 60 días.
Tras el anuncio se registraron varios hechos violentos, como el secuestro de policías y la toma de rehenes en varios penales, así como amotinamientos de reclusos y la quema de autos y explosiones en las calles.
El 9 de enero, tras un asalto armado a un canal de televisión de la ciudad de Guayaquil, Noboa decretó el «conflicto armado interno» en todo el país y designó como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes» a 22 grupos de crimen organizado.