A pesar de sus diferencias, las autoridades patagónicas cerraron filas para resistir a las políticas de desregulación económica que impactan en sus provincias Tras un duro comunicado, lograron que el Gobierno reconsiderara las modificaciones al régimen de la pesca. «Deben dar un fuerte mensaje de unidad», resumió un senador a Sputnik.
Tras recibir presiones transversales al espectro partidario, el Gobierno de Javier Milei hizo su primera concesión relativa a la denominada ley ómnibus, el colosal proyecto legislativo que consta de más de 600 iniciativas que deberá abordar el Congreso nacional durante las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente.
Los artífices de la marcha atrás del oficialismo fueron los seis gobernadores de las provincias que conforman la región de la Patagonia (sur): Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Las mencionadas autoridades provinciales se oponían abiertamente a las modificaciones previstas para el Régimen Federal Pesquero, conocida como ley de Pesca.
El proyecto normativo del Gobierno de Milei proponía el fin de la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino, al eliminar la exclusividad de la explotación de los recursos locales para entidades nacionales, y con mayoría de personal argentino, dentro de las 200 millas marinas sobre las que ejerce soberanía el Estado del país austral.
Consenso transversal
Si bien las rispideces entre la Casa Rosada y los gobernadores iniciaron apenas asumió el mandatario —cuando anunció que frenaría la construcción de obra pública, de trascendental incidencia en la creación de puestos de trabajo de las provincias—, el trabajo mancomunado para abortar el proyecto relativo a la pesca constituyó la primera instancia de consenso unánime entre representantes de diferente signo político.
«La defensa de nuestros recursos superó a la ‘grieta'», dijo a Sputnik Carlos Linares, senador opositor de Unión por la Patria (centroizquierda) por la provincia de Chubut. El término citado por el legislador se refiere a la histórica confrontación entre Juntos por el Cambio (centroderecha) y su coalición, soslayada tras la irrupción pública del fenómeno de La Libertad Avanza encarnado en Milei.
A pesar de que el tejido de alianzas para voltear la iniciativa de la Nación estuvo en manos de un gobernador de Juntos, el chubutense Ignacio Torres, esto no impidió que el peronismo se sumara a la iniciativa.
«Los gobernadores deben dar un fuerte mensaje de unidad ante estos avances del Gobierno nacional», remarcó Linares.
En diálogo con Sputnik, Pablo Blanco, senador nacional de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego, la provincia más austral del país, agregó: «Comparto el reclamo de los gobernadores de la Patagonia. La medida era un claro avance sobre la soberanía nacional y sobre el poder de cada jurisdicción».
«Somos un país federal, y como tal tenemos que defender a las economías regionales. Esta política atacaba directamente a las economías regionales y a los trabajadores de cada una de las provincias del sur. Hay muchas cosas que están fallando en la relación del Gobierno nacional con el interior», advirtió Blanco.
¿Una victoria pírrica?
Aún habiendo conseguido frenar la controversial iniciativa parlamentaria, los congresistas no bajan la guardia: «Me llama mucho la atención este paquete de proyectos. Parecen ser leyes pensadas para obligar a los gobernadores y legisladores a ceder en otros puntos sensibles, como las privatizaciones, la flexibilización laboral o el endeudamiento. Claramente hay intenciones ocultas detrás», destacó Linares.
«En realidad el Gobierno no está cediendo en nada. La ley ómnibus mezcla cosas trascendentales con propuestas sin ningún tipo de relevancia ni urgencia, que parecen estar solamente para distraer. Este debate oculta la discusión de los problemas de fondo que el país necesita resolver», apuntó el senador.
Las iniciativas de La Libertad Avanza no se agotan en el mega proyecto de ley. Párrafo aparte merece el creciente debate en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente, que ya recibió un revés a instancias de la Cámara Nacional del Trabajo que frenó las modificaciones en materia de legislación laboral, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El DNU, que ingresó al Congreso en la tarde del viernes 5 de enero, cuenta con más de 300 iniciativas —entre derogaciones y cambios a las leyes vigentes— y sólo quedará suspendido si tanto la Cámaras de Diputados como el Senado lo rechazan por mayoría simple.
Sin embargo, los legisladores opositores destacaron el potencial rol que podría desempeñar la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país con potestad para dictar la inconstitucionalidad de la medida.
«Espero que la Corte ponga un freno a alguna de estas medidas, porque no todas están enmarcadas en la Constitución. El Gobierno no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera con la ley», denunció Blanco.
El senador criticó tanto el contenido de la iniciativa como su forma: «Llama la atención la improvisación sobre temas tan sensibles como las normas legales. Creen que por el hecho de que la gente los haya votado en el balotaje tienen la suma del poder público, y no es así», afirmó.
«No podemos acompañar a un Gobierno que claramente va en contra de los intereses de los trabajadores, de las provincias y del Estado tal como lo pensamos nosotros. Están destruyendo los ingresos de la población y la soberanía de las provincias», coincidió Linares.