El presidente anunció en junio pasado la aplicación de una nueva metodología para actualizar las cifras, que ahora es puesta en duda por organizaciones de derechos humanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quedó envuelto en una fuerte polémica en materia de derechos humanos, al realizar un censo que redujo de 110.964 a 12.377 el número de personas desaparecidas que reconoce el Gobierno.
De acuerdo con los reportes oficiales que se habían difundido hasta ahora, el 40 % de las 113.505 personas desaparecidas correspondían al periodo de López Obrador.
El número de víctimas ha aumentado porque ni la violencia ni las masacres se han frenado desde que el entonces presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 una guerra contra el narcotráfico, que continuó su sucesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), lo que ha agravado la crisis forense que existe en un país en el que hay más de 50.000 cuerpos sin identificar.
En medio de las crecientes críticas por los resultados de su política en derechos humanos, el presidente anunció en junio pasado la realización de un censo para actualizar las cifras de desaparecidos.
La medida derivó en la renuncia de Karla Quintana, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien aseguró que el Gobierno quería recortar el número de víctimas para evitar que el saldo fuera negativo para la gestión de López Obrador, que termina en 2024.
Las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares, por su parte, advirtieron que el censo era revictimizante, ya que aseguraron que personal sin capacitación acudía de manera personal a las viviendas a preguntar si ahí tenían un familiar desaparecido.
El informe
El pasado jueves fue un día crucial, ya que el presidente presentó los resultados del censo junto con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien afirmó que no querían «borrar desaparecidos», como acusaban sus detractores.
«No estamos desapareciendo desaparecidos», insistió al asegurar que la prioridad de las autoridades es buscar y encontrar a las personas no localizadas.
Entonces vinieron los gráficos de la polémica, ya que la funcionaria admitió que comenzaron con un registro nacional de 110.964 personas desaparecidas, pero luego de cruzar datos con organismos federales y estatales y realizar jornadas de búsqueda masiva casa por casa y llamadas telefónicas, localizaron a 16.681 víctimas en sus domicilios, fallecidas o detenidas en algún centro penitenciario.
Además, dijo, ubicaron a otras 17.843 personas en diferentes bases de datos, aunque todavía no tienen ninguna prueba de vida porque no las han podido ver personalmente.
Según Alcalde, también descubrieron que había 26.090 registros de personas desaparecidas que en realidad no tenían datos suficientes para identificarlas, ni siquiera el nombre completo; junto con 36.000 más que sí tenían su identidad, pero no indicios para iniciar una búsqueda; y otras 1.951 denuncias duplicadas.
Esto dio un saldo de 12.377 personas confirmadas como desaparecidas por el Gobierno, lo que representa un 89 % menos de la cifra inicial.
La pelea
López Obrador reconoció que en la realización del censo no habían trabajado con los colectivos de mujeres buscadoras que deambulan por todo el país para escarbar fosas clandestinas con la esperanza de encontrar restos de sus hijos e hijas, esposos, hermanos, padres o madres.
No obstante, después aseguró que había organizaciones de derechos humanos como el Centro Pro, «vinculados al conservadurismo», que en su criterio están ensañados en contra de su Gobierno.
«Ya no son los del ProDH que yo conocí, que se han ido echando a perder», dijo al acusar a la organización de haber defendido a quienes desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
El debate ha sido diario, ya que el presidente ha reiterado sus denuncias, mientras que el Centro Pro las desmiente con comunicados en los que detallan el papel que han desempeñado en la historia de los derechos humanos en México y en el caso de Ayotzinapa en particular; y critican el «recorte» de desaparecidos realizado por el Gobierno.
En el mismo sentido se pronunciaron ya colectivos de familiares de varios estados del país, que esta semana se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación.
Reclamos
«¡No den cifras falsas!», «¡No los vuelvas a desaparecer!», gritaban las mujeres que exigieron explicaciones sobre la reducción en el número de desaparecidos ya que, en caso de ser así, ellas ya tendrían alguna noticia de su familiar.
Por otra parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México publicó un comunicado para manifestar su «preocupación y decepción» por la actitud del Gobierno.
«Compartimos con otras plataformas de víctimas el enojo y la indignación por la falta de rigurosidad y transparencia del Estado en este proceso de vital importancia para nuestra búsqueda de verdad y justicia», señaló el colectivo.
Tras analizar el informepresentado por López Obrador, lamentaron que no fueron debidamente informados sobre la metodología nacional de recolección e intercambio de información, ni tuvieron participación alguna en el proceso.
«No queremos dejar de mencionar el dolor y la indignación que nos produce a las familias que los resultados de este ejercicio que han denominado Censo concluya que solo hay confirmación de 12.377 personas desaparecidas», señaló.
«Las familias sabemos que este dato es incorrecto y nos preocupa que ello suponga una justificación para que ninguna autoridad busque los miles de casos de los registros donde falta información, pero persiste la desaparición», agregó.
La tensión en torno a la política de derechos humanos del presidente ha sido permanente desde que comenzó a gobernar en diciembre de 2018, ya que desde entonces solo se reunió de manera reiterada con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero no con el resto de los colectivos que buscan a algún ser querido.
Su argumento es que no quiere usar políticamente la tragedia, pero los detractores del mandatario aseguran que su objetivo es evitar que la crisis de los desaparecidos –heredada de sus antecesores– le reste votos al oficialismo en las elecciones del próximo 2 de junio.