El parlamentario, que habría influido en la asignación de 15 contratos en varios departamentos, supuestamente obtuvo un total de 252.000 dólares en coimas.
El senador colombiano Ciro Ramírez fue capturado por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que debe cumplir «medida de aseguramiento en centro de detención» mientras se le sigue un proceso por la presunta comisión de los delitos de «concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos».
En una publicación del máximo tribunal se detalló que la orden fue emitida por la Sala de Instrucción. Según las leyes del país suramericano, le corresponde al Supremo ordenar la detención de los parlamentarios, debido a que gozan de inmunidad para ser procesados por la Justicia ordinaria.
Ramírez, perteneciente al partido derechista Centro Democrático, fue detenido la noche del pasado jueves, recoge El Tiempo, y se le señala de formar parte de una red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’, según El Universal, que era dirigida por el fallecido parlamentario liberal Mario Alberto Castaño.
En sus redes, el líder y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, afirmó que le dolía lo ocurrido y agregó que ese «tipo de problemas es lo único que deja la ‘maldita’ mermelada'».
En la política colombiana, la repartición de ‘mermelada’ se refiere a la asignación de contratos, recursos o beneficios en varios lugares del país, con miras a obtener retribuciones como el voto.
¿Por qué se le investiga?
El senador es investigado por su supuesta relación con las irregularidades en un contrato interadministrativo realizado entre las estatales Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa de desarrollo territorial Proyecta Quindío, entre 2020 y 2022.
Según el exgerente de Proyecta, Pablo César Herrera Correa –detenido en junio de 2022 y que aceptó colaborar con la Justicia–, el senador uribista y otras personas habrían recibido 1.000 millones de pesos (unos 252.000 dólares) en sobornos por manipular 15 contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, según Caracol.
Además, Ramírez habría pedido entre el 10 y 15 % de ganancia por cada contrato consignado.
En octubre de este año, la Fiscalía envió el expediente del caso a la Corte Suprema para que investigara al congresista y determinó que Katherine Rivera Bohórquez, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, habría sido el enlace entre el DPS y Proyecta Quindío.
El diputado uribista habría influido entre 2020 y 2022 en la asignación de quince contratos, de los cuales once fueron adjudicados directamente a las empresas en Tolima de Anderson González González, quien fue capturado junto a Rivera Bohórquez en octubre pasado, publicó El País.
Toda esta investigación se desprendió de la red de corrupción que lideraba el senador Mario Alberto Castaño, quien fue detenido en 2022 por orden del máximo tribunal y condenado a una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, el parlamentario falleció de un infarto el 18 de noviembre de este año, mientras estaba privado de libertad en la Cárcel La Picota, en Bogotá.