La propuesta española de dar a Kiev los beneficios de los activos rusos congelados en la UE genera confusión sobre su cuantía. Hay dudas sobre su legalidad y se presumen riesgos para la estabilidad financiera. Analistas consultados califican la iniciativa de «contabilidad creativa» y de signo de la imposibilidad de seguir financiando a Ucrania.
La Comisión Europea sigue trabajando en una propuesta para apoderarse de los beneficios derivados de los activos estatales rusos congelados en la UE y transferirlos a Ucrania para su reconstrucción de posguerra, manifestó a finales de octubre Ursula von der Leyen. Según ella, el valor de los activos soberanos rusos congelados asciende a 211.000 millones de euros.
«Presentaremos una propuesta para encontrar la manera de utilizar los beneficios de esos activos que actualmente están beneficiando a un número limitado de instituciones financieras de la Unión Europea», declaró, sin especificar fechas. De acuerdo a las estimaciones de las autoridades de Bélgica, país donde están depositados la mayor parte, los activos rusos allí congelados podrían rendir unos 3.000 millones de euros de beneficios anuales.
España, país que asume durante este semestre la presidencia rotatoria de la UE, ha seguido avanzando en el plan. Madrid calcula que los beneficios de las reservas del Banco Central de Rusia congeladas en los países de la UE podrían generar entre 15.000 y 17.000 millones de euros para Kiev en 2027.
Pero la idea no termina de calar y genera escepticismo en algunos Estados miembros, como Francia y Alemania. Se duda de la oportunidad del impulso y se atisba un riesgo para el compromiso de ayudar a Ucrania. El Banco Central Europeo (BCE) teme, además, que la iniciativa pueda afectar a la estabilidad del euro.
Según fuentes diplomáticas de la revista Politico, las reticencias de varios países ante la propuesta española radican en el convencimiento de que pueden pasar años antes de que el dinero llegue a Kiev. El cálculo aplicado por España para concluir el montante de los beneficios también ha generado confusión.
«Lo primero que tienen que hacer es poner los números en claro y comprender que esos activos pertenecen a empresarios rusos y al Estado ruso, porque no es fácil saber si son públicos o privados», explica a Sputnik el consultor bancario independiente M.C. Carpintero,
convencido de que la tarea se asemeja a «tirar de una madeja de hilo miles y miles de horas» de manera infructuosa. «Porque nunca se llegará a saber quién es el último beneficial owner [beneficiario efectivo] de una cuenta sin la colaboración de las autoridades rusas», añade.
El riesgo jurídico de un plan quimérico
La idea de reinvertir los activos rusos inmovilizados y utilizar los beneficios para apoyar a Ucrania no es nueva. Fue propuesta por primera vez por la Comisión Europea a finales de noviembre de 2022. La Comisión estimó entonces que la reconstrucción de Ucrania requeriría al menos 600.000 millones de euros, pero es probable que el costo se haya disparado desde entonces.
Según el derecho internacional, los activos estatales gozan de inmunidad de ejecución. Independientemente de los cambios que se introduzcan en la legislación comunitaria, la UE no puede confiscar estas reservas,
repartidas por todo el bloque y otros países del G7. De hecho, la Comisión Europea considera que están simplemente «inmovilizadas», pues el BCE no puede hacer uso de ellas.
De otro modo, a juicio de M.C. Carpintero, la situación podría entrañar «el ánimo de los funcionarios europeos para apropiarse en beneficio propio» de esos recursos. De ahí que no se confisquen, sino que solo se congelen.
«En EEUU, por ejemplo, hay controles muy estrictos para las abandoned property, que son cuentas olvidadas por sus dueños y pasan al Tesoro de la nación, que vigila que los banqueros no se queden con ellas».
Pero la incautación de los beneficios que rindan esos activos también se presenta problemática. «Las entidades rusas, por ejemplo, podrían alegar que tienen derecho a una parte de los beneficios generados por la inversión de los activos congelados e impugnar la decisión tanto ante el Tribunal General de la UE como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», explicó a Euronews el abogado del bufete Macfarlanes Francis Bond, especializado en asuntos de sanciones financieras internacionales.
«Aparte –agrega M.C. Carpintero–, los empresarios rusos tendrán derecho a acudir al CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones], que es el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde se dirimen este tipo de disputas». Y este organismo podría dar la razón a los inversores denunciantes si se demuestra que se ha vulnerado la seguridad jurídica.
«España tiene una larga experiencia en perder este tipo de casos», recuerda Carpintero, que pone como ejemplo el caso del embargo cautelar a finales de noviembre del edificio del Instituto Cervantes en Londres y de sus cuatro cuentas bancarias por decisión de la justicia británica, luego del fallo del CIADI en contra del Estado español por impago a inversores británicos en proyectos de energías renovables.
«Así que meter mano a los activos rusos puede tener un alto riesgo, pues después cada país tendría que responder por sus embargos y podría darse el caso de que España acabara pagando sola la ayuda a Ucrania; una locura», asegura M.C. Carpintero.
En la UE discrepan
La Comisión Europea tiene intención de entregar a Kiev 17.000 millones de euros en subvenciones y más 33.000 millones en préstamos a bajo interés hasta 2027 para evitar la quiebra de Ucrania. En plena recesión económica de la UE, la confiscación y venta de activos rusos congelados surge como una posible vía para recaudar fondos para Ucrania en un momento en que escasean para las políticas comunitarias.
Pero vista la complicación, la propuesta de España ha sido recibida con asombro en varias cancillerías, donde, según escribe Politico, también dudan de que el Gobierno español tenga un buen conocimiento del «estado de ánimo» en el resto de la UE. Se plantea si el objetivo real de Madrid es desviar las contribuciones extra de la crisis de Ucrania «hacia otras áreas presupuestarias».
En este punto, una fuente en Bruselas supone que el Gobierno español estaría deseando utilizar los fondos prometidos a Ucrania para otros gastos, como las partidas en materia de inmigración y competitividad. En cualquier caso, el contenido de las propuestas solo se debatirá a fondo los días 14 y 15 de diciembre, durante la cumbre de líderes de la UE.
«El trasfondo de esto es que hay personas que están haciendo contabilidad creativa, seguramente siguiendo indicaciones de Borrell [alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad] para financiar lo imposible de financiar. Creo que, si están con estas ocurrencias, es un síntoma más de que Europa no va a seguir financiando la guerra», afirma Carpintero.
¿Dónde están los activos?
La mayoría de las reservas rusas de divisas congeladas se hallan en la UE. Más exactamente en Euroclear, una cámara de compensación y liquidación de valores financieros con sede en Bruselas que actúa como depositaria. Se estima que guarda unos 180.000 millones de euros en valores rusos.
Luxemburgo alberga otra cámara de compensación con activos rusos congelados entre sus fondos. Se llama Clearstream. Pero tanto Bélgica como Luxemburgo quieren garantías de que no se verán obligados a asumir todos los riesgos jurídicos y financieros de una medida que no tiene precedentes.
Los activos rusos congelados en virtud de las sanciones de la UE se dividen en dos grandes grupos:
– Activos privados en manos de particulares y empresas, por valor de unos 18.900 millones de euros, incluidos yates, barcos, helicópteros, bienes inmuebles, cuadros y otras obras de arte. De los 35 bienes localizados en España, solo 11 figuran a nombre de personas sancionadas por la UE. El resto, por tanto, son intocables.
– Activos públicos en manos de entidades estatales, en concreto los 211.000 millones de euros de reservas internacionales propiedad del Banco Central de Rusia.
Cuando llegan a su vencimiento, los intermediarios los reinvierten y generan un beneficio. Pero también pueden generar pérdidas. Y, como explica Francis Bond, si las inversiones pierden dinero, la Comisión Europea tendría que garantizar los activos rusos con dinero público o arriesgarse a sufrir una avalancha de acciones legales por parte de los propietarios de los activos.
«¿En qué cabeza cabe que Bélgica, como depositario de Euroclear, vaya a entregar ese dinero a los 27 miembros de la UE y después a Ucrania? Porque después se los reclamarán a Bélgica», señala M.C. Carpintero, que ve inviable cualquier movimiento en este sentido.
«Es un riesgo para Bélgica y por los 3.000 millones de beneficios que dicen que van a sacar, no veo la necesidad de este lío», concluye este consultor bancario.