«La región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad», advierte el organismo.
Casi un tercio de la población de América Latina y el Caribe, 181 millones de personas, viven en este momento en situación de pobreza, mientras que más de 70 millones están en condición de pobreza extrema.
Así lo informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al presentar el jueves su más reciente informe, titulado ‘Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023‘, donde hacen un llamado a privilegiar «la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo», para luchar contra los indicadores de pobreza, desigualdad y bajo crecimiento que presenta la región.
«La región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad«, advirtió el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, al leer parte del informe. Por ello, llamó a los países a «transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral», para disminuir la brecha que resulta preocupante.
De acuerdo con los datos presentados en el informe, la incidencia de la pobreza impacta más fuerte a grupos vulnerables como la población infantil y adolescente, de 0 a 17 años, que presentan un 42,5 % en pobreza; la población de 35 a 44 años, un 26,7 %; y de 65 años y más, el 15,1 %.
De igual forma, el 41,1 % de la población de las comunidades indígenas se encuentra en pobreza; mientras que la condición de vulnerabilidad abarca al 24,3 % de los afrodescendientes.
En el estudio de la Cepal también se destaca que aunque la pobreza bajó de 32,6 % (202,2 millones de personas) a 29 % (181,2 millones) entre 2021 y 2022, y la pobreza extrema cayó de 13 % (81 millones de personas) a 11,2 % (70,1 millones de personas), las proyecciones para 2023 no son alentadoras, porque advierten un leve incremento en ambos indicadores que llegarían a 29,1 % (183 millones de personas) y 11,4 % (72 millones de personas), respectivamente.
«Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en América Latina no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas», añadió Salazar-Xirinachs.
«La inclusión laboral es clave»
De acuerdo al análisis de la Cepal, aunque la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esperada para 2023 en América Latina y el Caribe fue de 1,7 %; resultó «significativamente inferior al 3,8 % registrado en 2022».
Además, este indicador, que podría llegar incluso al 1,5 % en 2024, no augura un panorama positivo para la región porque «no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza«.
En ese sentido, añade el informe de la Cepal, se deben disminuir «las brechas de género en la inclusión laboral», que se fundamentan en «la desigual distribución de la carga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres».
De igual forma, advierte que en el caso de las personas migrantes, que forman parte importante en la región, se ven expuestas a la pobreza porque deben enfrentar la exclusión laboral por sobrecalificación para los empleos o por discriminación, lo que termina afectando directamente su condición económica y social.
«Del universo de 292 millones de personas ocupadas en América Latina y el Caribe, 1 de cada 2 se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en pobreza, 4 de cada 10 posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones», agrega la Cepal.
Esfuerzos insuficientes
Además, alerta el organismo, «los esfuerzos realizados por los países respecto de la inversión en políticas laborales, que en promedio llegan al 0,34 % del PIB, resultan insuficientes».
Es allí, donde «la inclusión laboral es clave para combatir la pobreza, reducir la informalidad y la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo», explica la Cepal, que considera «necesario transitar de la inserción laboral a la inclusión laboral, garantizando el acceso a empleos de calidad, ingresos laborales mayores al salario mínimo y acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes».