El mandatario se refirió a las acciones de su Gobierno para tratar de sortear la «tormenta económica» que se espera para 2024, lo que ha generado algunas críticas.
Frente al panorama de «tormenta económica» que se avizora en Colombia para 2024, el presidente de ese país, Gustavo Petro, anunció que el próximo año no podrán incrementarse los altos salarios de los sectores públicos.
En la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), que se realiza en la ciudad de Cartagena (Bolívar) hasta el próximo viernes, el mandatario se refirió a las alternativas de su Gobierno para sortear el déficit fiscal de 6,5 billones de pesos (aproximadamente 1.500 millones de dólares), en medio de compromisos como el pago de la deuda y la caída del PIB.
«No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico, y son en las tres Ramas del Poder Público, en las entidades descentralizadas», entre otras, afirmó.
El tema de las regalías
Petro se refirió a esta determinación una semana después de que la Corte Constitucional declara «inexequible», o imposible de llevar a cabo, la prohibición de la «deducción de las regalías» del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, contenida en el parágrafo 1 del artículo 19 artículo de la reforma tributaria, sancionada en 2022.
En su intervención desde Cartagena, Petro expresó que la decisión de la Corte Constitucional «quitó una parte sustancial de la reforma tributaria«, lo que tiene un «impacto» en los ingresos del año entrante.
Antes de la decisión del máximo tribunal, la ley impedía que las regalías que las empresas pagan al Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables se tomaran en cuenta a la hora hacer las deducciones en el impuesto sobre la renta.
La semana pasada, el jefe de Estado criticó la decisión en la plataforma X y aseveró que la Corte, con su determinación, «le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social».
«Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo», agregó.
«La tormenta perfecta»
El presidente se refirió a una «tormenta económica del año entrante», que incluye el «crecimiento sustancial del servicio del pago de la deuda», que en 2024 pasará de 70 billones de pesos (1.700 millones de dólares) a 96 billones de pesos (2.300 millones de dólares) y «la caída de los ingresos».
La semana pasada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB), que registró un descenso de 0,3 % en el tercer trimestre de 2023, lo que corresponde a una baja de siete puntos porcentuales con relación al mismo periodo de 2022.
Además, en 2024 se cobrará la primera cuota del llamado ‘crédito flash’, que solicitó el anterior presidente, Iván Duque, por 3.000 millones de dólares, pagaderos en dos años. Petro aseguró que Colombia fue el «único país del mundo que lo hizo para afrontar el covid-19».
«Al Gobierno le toca saber qué hacer, por dónde recorta, de tal manera que el golpe no sea mortal para la economía, porque adicionalmente, como todos sabemos en el mundo, y en Colombia, estamos estancados. Eso es lo que se llama la ‘tormenta perfecta’: no debió haberse producido, lo advertí en algún momento», manifestó.
Al analizar las posibilidades de maniobra frente al déficit fiscal, aseveró que el funcionamiento en el Gobierno nacional es «básicamente Ejército y Policía», lo que corresponde a la «una vértebra que es la seguridad», que no puede tocarse, por lo que corresponde hacerlo con los altos salarios, aunque su congelación «no da para recuperar los 6,5 billones».
Esta situación económica, según expuso, afecta los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar los indicadores y lograr el incremento del presupuesto para inversión en 2024, que pasó de 80 billones de pesos (1.900 millones de dólares) a 96 billones de pesos (2.300 millones de dólares) y la disminución de la inflación de 2023, que será menor de 10 %, según advirtió.
Las reacciones
En una entrevista en Blu Radio, el vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores, Diógenes Orjuela, expresó que ese sector no fue consultado sobre la propuesta presidencial, lo que contraviene el decreto 160 de 2014, que establece cómo debe ser el procedimiento para la negociación de las condiciones de empleo en las entidades públicas.
«Debe quedar claro que el incremento de los trabajadores del Estado no es una discrecionalidad del presidente», sino que ocurre luego de «un proceso de negociación con el Gobierno, las centrales y las federaciones estatales y, eso ya está definido», sostuvo.
En opinión de Orjuela, con ese congelamiento no se ahorraría «prácticamente nada».
Por su parte, el senador Jonathan Pulido Hernández, del partido Alianza Verde, dijo que esta propuesta de Petro es «un tipo de venganza» y un «chantaje» del mandatario contra los altos funcionarios como la propia Corte Constitucional.