Los querellantes acudieron al Poder Judicial de Argentina, porque «incorpora la jurisdicción universal» y cuenta «con experiencia en causas que involucran crímenes de Estado».
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) ha sido denunciado ante la Justicia argentina por su presunta responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante su mandato.
Las querellantes son 11 familiares de víctimas y tres organizaciones no gubernamentales de Colombia: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), integrantes del ‘Espacio de Litigio Estratégico’.
Mediante esta acción, los denunciantes desean que se investiguen los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y denominados ‘falsos positivos’.
«Una investigación por parte del Juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales», destaca en un comunicado conjunto las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
«Investigar, juzgar y sancionar»
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia cifró en 6.402 los casos entre 2002 y 2008, durante la administración de Uribe.
El comunicado indica que la denuncia se presentó en el marco del principio de jurisdicción universal que «faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas».
«En este caso, las querellantes han acudido a la Justicia argentina porque esta nación es una de las que incorpora la jurisdicción universal, y cuenta con experiencia en esta clase de causas que involucran crímenes de Estado», añadió.
El texto hace hincapié en que a pesar de que «existen serios indicios de la responsabilidad» de Uribe en estos hechos, la Justicia colombiana «no ha adelantado una investigación seria, imparcial y efectiva que permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».
En esa línea, recalcan: «A pesar de sus esfuerzos y avances en la investigación y esclarecimiento, la JEP no cuenta con la facultad de llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios».
Los querellantes señalan que «hubo conocimiento temprano de la práctica por el exmandatario, falta de adopción de medidas por su parte y, además, que desestimó y descalificó las denuncias presentadas».
Y añaden: «Incluso, a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó presionándolas para la presentación de bajas, como principal indicador de éxito en su política de Seguridad Democrática».