El defensor del pueblo, Carlos Camargo, llamó a los grupos armados a «ponerse serios con el proceso de paz».
Al menos 2.893 personas se desplazaron o confinaron en el departamento del Chocó, al oeste de Colombia, por un paro armado decretado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 5 de noviembre, denunció la Defensoría del Pueblo del país suramericano.
«Un paro de 72 horas promovido por el ELN obligó al confinamiento y desplazamiento de 714 núcleos familiares (2.893 personas) en la zona norte rural del municipio Alto Baudó, en el departamento del Chocó», detalló el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado por Blu Radio.
El funcionario indicó que, además, se están presentando enfrentamientos entre el ELN y las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Camargo señala que los habitantes de esta zona «no pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento».
«Es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales«, denunció.
Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo piden a las autoridades poner en marcha un plan urgente para atender a las comunidades afectadas.
Este es el sexto paro armado registrado en el departamento del Chocó en 2023, afectando a 20 comunidades afro e indígenas en esa zona del país. Cuando se pone en marcha esa medida, los grupos armados restringen el desplazamiento de vehículos, la movilidad de las personas, entre otras acciones.
Dar muestras de que quieren la paz
En otro mensaje, Camargo expresó que los grupos armados ilegales «tienen que ponerse serios con el proceso de paz» en el que actualmente negocian con el Gobierno colombiano.
Comentó que ese «es el sentir» que han recogido en las comunidades a las cuales les son vulnerados sus derechos por las acciones violentas en sus territorios.
Concretamente habló del ELN y del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan adelante conversaciones con la administración de Gustavo Petro, aunque el pasado domingo los disidentes suspendieron el diálogo de manera unilateral.
De acuerdo con el defensor del pueblo, el ELN y el EMC «deben entender de una vez por todas que la paz no se negocia con discursos paralelos para darles rienda a sus acciones».
«Mientras en las conversaciones formales hablan de avanzar en la búsqueda de los caminos de la paz, en los territorios continúan con las afectaciones a las comunidades. Los grupos armados deben dar muestras fehacientes e inequívocas de que realmente quieren la paz, sin aprovecharse de la buena voluntad del Gobierno para fortalecer su influencia y capacidad en los territorios», mencionó.