La periodista Karol Noroña, actualmente exiliada, denunció que quienes quisieron matarla «son protegidos por el Estado ecuatoriano».
Periodistas ecuatorianos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el grave deterioro del periodismo en el país suramericano.
La denuncia fue realizada en una audiencia de la CIDH, denominada ‘Ecuador: Libertad de expresión y falta de garantías en la cobertura de prensa’, que se llevó a cabo el lunes en Washington, EE.UU., en el marco del 188° período de sesiones del organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el evento participó la periodista ecuatoriana Karol Noroña, conocida por sus trabajos sobre crimen organizado y la situación de las cárceles ecuatorianas, quien abandonó Ecuador desde marzo de 2023 porque su vida estaba en peligro, luego de conocer que miembros de una organización criminal planeaban un atentado en su contra.
En la cita, reprochó el silencio del actual Gobierno ante su exilio y el de otros comunicadores: «Ni mi caso ni el de mis ocho colegas ha merecido siquiera un pronunciamiento del Gobierno de Guillermo Lasso«.
«Pareciera que ser periodista en Ecuador es aceptar que en cualquier momento nos pueden matar, sé que quienes quisieron matarme son protegidos por el Estado ecuatoriano, gozan de todo privilegio en prisión, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia ecuatoriana. Ecuador convertido en un narcoestado«, añadió la comunicadora.
Indicó que la mayoría de los nueve exiliados han decidido no denunciar porque no confían en la Fiscalía General del Estado (FGE), en el sistema de justicia ni en el Consejo de Comunicación.
«Nos Faltan Tres»
También estuvo presente en el evento Ricardo Rivas, director del colectivo Nos Faltan Tres, que se conformó tras el secuestro y asesinato de tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, en 2018, en el que estaba su hermano, el fotógrafo Paúl Rivas, así como el reportero Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra.
«Me asesinaron a mi hermano y no tengo verdad ni justicia, solo impunidad», dijo Rivas, al tiempo que señaló que en cuatro ocasiones han pedido la desclasificación de la información y esto no ha ocurrido, pese a que el exmandatario Lenín Moreno (2017-2021) y Lasso ofrecieron hacerlo.
Detalló que el Consejo de Seguridad del Estado les negó la posibilidad en 2021, y en 2023 se cambió la información de clasificación, «de reservada a secreta», lo que hará que se mantenga guardada por 10 años más.
La delegación la completaron Christian Zurita, excandidato presidencial y periodista de investigación; María Sol Borja, periodista independiente; y María Amelia Espinosa y César Ricaurte, de la organización Fundamedios.
Ricaurte precisó que en 2022 Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa. La cifra abarca tres asesinatos a periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos en domicilios de comunicadores, así como ataques a estos trabajadores durante el paro de junio de 2022.
En lo que va de 2023 ya suman 220 agresiones, incluyendo a los nueve periodistas exiliados y desplazados, así como el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.
«Férreo defensor»
Por parte del Estado estuvieron el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado; y otros delegados.
Cucalón afirmó que el Ejecutivo, en los dos años en el poder, «se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país», y que ha tenido «aceptación y tolerancia» ante las críticas que le han hecho.
Esta delegación destacó la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, que incluye medidas para proteger a periodistas, promover la libertad de expresión y garantizar su seguridad, con acciones afirmativas y enfoque de género.
Sin embargo, aunque la CIDH celebró los avances normativos, la organización expresó preocupación por la falta de investigación de agresiones a periodistas. Además, llamó al Estado ecuatoriano a reconstruir la confianza de la prensa en las instituciones y garantizar medidas para su protección.