Roma (Prensa Latina) La compleja situación migratoria que afecta a Italia se agravó durante los últimos 15 días, y el 20 de septiembre se rompió la barrera de las 130 mil personas que arribaron ilegalmente al país por vía marítima.
De acuerdo con un reporte divulgado por el Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre de 2023 llegaron a las costas italianas 133 mil 171 migrantes, casi el doble que los 71 mil 325 que desembarcaron en igual período del año anterior.
Los incontrolables arribos de emigrantes a la sureña isla de Lampedusa agravaron esta crisis en la segunda quincena de septiembre, ante lo cual el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani manifestó que “es necesario acelerar los plazos de aplicación de los acuerdos con los países de origen y de tránsito”.
Por su parte, el líder del partido La Liga y viceprimer ministro, Matteo Salvini, expresó que “Italia está sola, tenemos que hacerlo solos, sin descartar ninguna intervención”, “Los desembarcos en Lampedusa son el símbolo de una Unión Europea que no está ahí, distraída, distante, cómplice”.
En días recientes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó esa ínsula meridional junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para evaluar la situación.
Meloni señaló que “necesitamos soluciones serias, complejas y duraderas y no tendría mucho sentido ver una parte de Europa que está comprometida y trabaja para encontrar esas soluciones, y otra parte de Europa que por razones ideológicas trabaja para desmantelar ese trabajo y esas soluciones”.
Von der Leyen expresó que “estamos aquí para una respuesta coordinada. La emergencia migratoria es causada por los traficantes” y anunció un plan de intervención de 10 puntos, que incluye el apoyo de la Unión Europea (UE), “para sacar a los inmigrantes de Italia apelando al mecanismo de acogida voluntaria.
Debemos mejorar la vigilancia naval y aérea trabajando también en nuevas misiones y ayudando a la guardia costera tunecina. Es necesario, con la colaboración de las autoridades italianas, destruir todas las embarcaciones utilizadas por los traficantes, agregó.
La Agencia Europea de Asilo tendrá que ayudar a Italia a examinar las solicitudes”, añadió la presidenta de la CE, y precisó que “quien no tenga derecho de asilo tendrá que regresar a su país de origen”.
Se refirió además al apoyo que la comunidad regional debe dar a Túnez, uno de los principales puntos de partida de los migrantes por el corredor marítimo del Mediterráneo central, para tratar de frenar las salidas.
El gobierno de Italia estableció más regulaciones relacionadas con la lucha contra la inmigración ilegal, incluida la ampliación a 18 meses del límite máximo de estancia en los Centros de Repatriación.
Esa norma se aplicará, de acuerdo con el límite máximo que prevé la Unión Europea (UE), a extranjeros no solicitantes de asilo con necesidades específicas, y se dividirá ese período en seis meses iniciales, seguidos de prórrogas trimestrales.
Se aprobó además un plan para la construcción por ingenieros militares de centros de repatriación, los cuales se edificarán en zonas escasamente pobladas y fácilmente vigiladas.
Durante una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Meloni enfatizó en recabar un mayor apoyo en la lucha que libra su país contra el tráfico de migrantes.
La jefa de Gobierno señaló que es obligación de la ONU negar cualquier enfoque hipócrita, y lanzar una guerra sin cuartel contra los traficantes, pues de la misma manera que su papel en otros momentos fue definitivo para erradicar el crimen universal de la esclavitud, no puede tolerar que esta regrese con otro nombre.
“Este debería ser un objetivo que nos una a todos, debería ser un objetivo de la Naciones Unidas”, señaló, y preguntó ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta tragedia? ¿Podemos pretender no ver que no hay actividad más lucrativa que la trata de emigrantes? que, según dijo, emula con el tráfico de armas y de drogas.
Meloni aseguró que Italia “desea contribuir a la construcción de un modelo de cooperación, que permita la colaboración con los países africanos para que puedan crecer y prosperar”, con la creación de oportunidades en las naciones de origen y de tránsito.
El viernes pasado, el gobierno de Italia aprobó un nuevo decreto ley que establece disposiciones urgentes en materia migratoria entre las que se incluyen cambios en el tratamiento de los menores sin compañía.
En la nueva disposición, presentada ese día en una reunión del Consejo de ministros, se adoptaron nuevas normas relativas al procedimiento especial para la tramitación de la solicitud de protección internacional.
En lo adelante si tal solicitud se presenta de manera repetida en la fase de ejecución concreta de una medida que implique la salida del territorio nacional, el comisario policial, previa consulta al presidente de la Comisión Territorial, podrá proseguir con la expulsión del territorio nacional.
Esa acción se aplicará, “salvo que el comisario encuentre nuevos elementos relevantes a los efectos de reconocer la protección internacional o prohibir la expulsión”, precisó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
Por otra parte, se modificaron las normas sobre acciones tras un retiro injustificado del solicitante de las instalaciones de acogida y se redujo de 12 a 9 meses el plazo para la suspensión de la posibilidad de expulsión.
Si el extranjero se encuentra en el territorio nacional en un momento posterior a su expulsión voluntaria, no podrá solicitar la reapertura del procedimiento ya iniciado y suspendido, aun cuando el mismo podría solicitar protección internacional.
Los menores extranjeros no acompañados, después de una acogida inicial en las estructuras gubernamentales destinadas a las necesidades inmediatas de socorro y protección, deben pasar a los centros del Sistema de Acogida e Integración.
Sin embargo, en caso de indisponibilidad temporal de estructuras temporales, el prefecto podrá ordenar la inclusión temporal de los menores, que a primera vista parezcan tener más de dieciséis años, en una sección específica de los centros e instalaciones para adultos, por un período no superior a noventa días.
En cuanto a la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la autoridad de seguridad pública podrá ordenar la realización de mediciones antropométricas u otros controles sanitarios, incluidos radiográficos, para determinar la misma.
Durante el funeral de Estado, en honor al expresidente Giorgio Napolitano, Meloni trató con el líder francés, Emmanuel Macron, sobre las posiciones de ambos países sobre la crisis migratoria, en interés de lograr un mejor entendimiento y lograr un mayor apoyo galo para enfrentar la compleja situación.
La mandataria italiana, según trascendió, criticó el rechazo de algunos países de Europa, entre ellos Francia y Alemania, a recibir a los migrantes que por miles llegaron en los últimos días a Lampedusa y otros puntos de esta nación.
Se abordó en particular el actual el diferendo entre Roma y Berlín, a partir del anuncio del gobierno germano financiará a organizaciones no gubernamentales que participan en la acogida de inmigrantes irregulares en territorio italiano y en los rescates en el mar Mediterráneo.
En una reciente carta al canciller federal Olaf Scholz, Meloni reprochó al mismo por la falta de coordinación con su país y le subrayó que “de lo que se trata es de centrarse más bien en soluciones estructurales que ayuden a frenar los crecientes flujos migratorios y aliviar la presión sobre Italia”. Mientras, en ocasión de la CIX Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado de la Iglesia católica, el papa Francisco expresó que “todos estamos llamados a crear comunidades dispuestas y abiertas a acoger, promover, acompañar e integrar a quienes llaman a nuestras puertas”.
Francisco señaló que el tema migratorio estuvo en el centro de los Encuentros Mediterráneos, que tuvieron lugar los días 22 y 23 de septiembre en la ciudad francesa de Marsella, en cuya última sesión participó, y donde señaló que “los migrantes no invaden, ellos buscan hospitalidad”.