El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó hoy, en el contexto del Congreso de los Pueblos, dos decretos que reglamentan la Ley 70 de 1993 que profundizan los derechos de las comunidades negras.
«En estos decretos encuentran cómo se puede materializar la idea de libertad, de justicia e, indudablemente, de la paz. Aquí reafirmamos que es, a través de la recuperación del ‘poder negro’ como lograremos extender lo que debe llamarse el poder popular y la capacidad de gobernar nuestro propio destino», destacó el mandatario.
Los decretos llevan consigo la idea de libertad, justicia y paz, enfatizó Petro al rubricar los textos durante el evento en la Universidad Nacional de Colombia.
El jefe del Estado instó a los presentes a asumir la defensa de los derechos que les otorgan los capítulos firmados y que reglamentan la ley de autonomía negra e instó a defenderlos a través de la movilización social.
Esta cita contó con la participación de la vicepresidenta, Francia Márquez; del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; del ministro de Minas, Omar Camacho; el de Comercio, Germán Umaña; entre otras autoridades.
Protagonizaron el encuentro los representantes de las comunidades de los consejos comunitarios y organizaciones de base de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Bolívar, Amazonas y Guaviare.
El Congreso de los Pueblos es un proceso de articulación social que, desde 2010, juega un rol de articulador de pueblos, sectores y regiones en torno a la transformación nacional, y a la garantía de una vida digna de la mayoría de la población, a través de dinámicas popular y sociales comunes.
«Esos decretos no se ejecutarán, no se volverán de la palabra a los hechos, no pasarán a la realidad cotidiana, si no hay movilización negra en Colombia. Para que la voz del pueblo negro pueda ser escuchada en toda Colombia y no sólo los intereses de los poderosos”, enfatizó Petro.
Los decretos firmados reglamentan el Capítulo V de la Ley 70 de 1993, por las cuales se adoptan mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas.
También, reconoce los derechos mineros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para delimitar zonas mineras de las comunidades negras y la aplicación del derecho de prelación frente a intereses de exploración y explotación de particulares diferentes a las esas comunidades.
En su artículo 30, esta ley plantea el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana, así como el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.