El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Corea del Norte «rara vez» se ha cerrado tanto al mundo exterior como lo está haciendo en la actualidad.
Según Turk, este cierre del país está relacionado con las políticas implantadas contra la pandemia de Covid-19, que también han servido para aumentar la represión de las libertad de expresión y de movimiento, además de persistir las prácticas «generalizadas» de trabajos forzados y de empeorar la situación de los derechos económicos.
«En el interior del país, los mercados y otros medios privados de generación de ingresos han cerrado en gran medida, y dicha actividad está cada vez más criminalizada (…). Dados los límites de las instituciones económicas estatales, muchas personas parecen enfrentarse a una hambruna extrema», ha subrayado el Alto Comisionado.
En ese sentido, ha expresado que la población tiene un temor cada vez mayor a la vigilancia, al arresto, a los interrogatorios y al registro de domicilios, que se realizan de forma aleatoria.
También ha señalado que las autoridades animan a la gente a denunciarse unas a otras, y que los castigos por infracciones a menores de edad pueden llegar a ser severas.
«El Estado ha perpetrado miles de desapariciones forzadas en los últimos 70 años, incluidas las de coreanos tanto del norte como del sur de la zona desmilitarizada (…) Muchas de las violaciones se derivan directamente de la creciente militarización de Corea del Norte», ha añadido Turk.
La reportera especial para los Derechos Humanos de la ONU en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, ha expuesto las autoridades han provocado «el secuestro sistemático de su población y de otros nacionales» de Corea del Sur y Japón, creando «ciclos de familias separadas».
Además, ha mostrado su preocupación por la situación de las mujeres y las niñas, que son detenidas «en condiciones inhumanas» y que los funcionarios las someten a torturas, trabajos forzados y violencia de género.
La representante de la sociedad civil Ilhyeok Kim, que nació en el país, ha contado como ella misma se vio obligada a realizar trabajos forzados.
«El Gobierno convierte nuestra sangre y sudor en una vida de lujo para los dirigentes y misiles que vuelan por los aires nuestro duro trabajo. Con el dinero gastado en un solo misil se podría alimentar a la población de su país durante tres meses, pero al Gobierno solo le preocupa mantener su poder», ha agregado.
Numerosos miembros del Consejo de Seguridad han expresado su «profunda preocupación» por la situación humanitaria en el país, al que han instado a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas.
Mientras el representante de Corea del Sur ha hecho inciso en que el Gobierno norcoreano sigue desarrollando armas de destrucción masiva en lugar de alimentar a una población que sufre de una «grave escasez de alimentos».
Tanto Seúl como Estados Unidos han informado de que en el país hay entre 80.000 y 100.000 presos políticos en pésimas condiciones y que muchos casos podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Por su parte, tanto Rusia como China se han opuesto a la visión de la mayoría de los miembros del consejo.
Mientras que el representante chino ha pedido al órgano tener un enfoque más constructivo, y que considerar esta percepción de la situación de los Derechos Humanos en el país sería «irresponsable», la parte rusa ha denunciado que la reunión es «un intento cínico e hipócrita» de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur de avanzar en su propia agenda política.