«Las acciones que supuestamente cometió provocaron un daño muy grave a nuestra seguridad nacional», aseguró este sábado 29 de julio el secretario de Estado de EEUU durante una rueda de prensa con altos funcionarios locales, durante su visita a Australia.
El titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, cuestionado por un periodista durante su conferencia de prensa sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que las acciones del australiano, que enfrenta hasta 175 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde Reino Unido, donde se encuentra encarcelado, beneficiaron a los adversarios del país norteamericano y pusieron «en grave riesgo» a las fuentes de sus agencias de inteligencia.
Por su parte, su par australiana, Penny Wong, quien también participó en el encuentro, realizado en la ciudad de Brisbane, dijo que su Gobierno no tiene intención de inmiscuirse en un proceso que atañe a otros países, pero que deseaba expresar el sentir de buena parte de la población australiana, que cree que el proceso contra Assange «se está alargando en exceso» y el deseo de su Administración es que «termine lo antes posible».
Blinken entonces reaccionó a las palabras de la canciller australiana, diciendo que así como ellos entendían «las sensibilidades» de Australia, era «importante que nuestros amigos entiendan las sensibilidades en Estados Unidos» con respecto al caso.
Assange, quien lleva más de una década perseguido por Estados Unidos, publicó en el 2010 en su sitio WikiLeaks información sobre gobiernos y empresas de todo el mundo, incluyendo documentos militares secretos y cables diplomáticos que revelaban numerosos crímenes de guerra cometidos por Washington durante las invasiones a Irak y Afganistán, entre muchos otros episodios.
Desde el 2012, el fundador de WikiLeaks logró refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres, donde residió durante siete años en condición de asilado.
Sin embargo, poco tiempo después de llegar al poder, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno revirtió la decisión de su predecesor Rafael Correa de proteger al activista informativo y permitió el ingreso de policías británicos a la sede diplomática.
Los uniformados lo arrestaron en abril del 2019 y lo encarcelaron tras ser acusado de conspiración para cometer intrusión informática. En junio, el Tribunal Superior de Justicia en Londres desestimó los ocho puntos de un recurso en el que Assange intentaba impugnar su extradición a suelo estadounidense.
En los últimos meses, distintos jefes de Estado y figuras de la política han vuelto a reclamar por la liberación de Assange, quien se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión y la transparencia gubernamental, junto a Edward Snowden, responsable de revelar los alcances del aparato estadounidense de espionaje, activo en comunicaciones civiles e incluso intercambios privados entre presidentes del mundo.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, exhortó en junio pasado a la comunidad internacional a volcarse en defensa de Assange, declarando que el fundador de Wikileaks «no denunció algo vulgar», sino a «un Estado que estaba espiando a otros».
«Veo con preocupación la posibilidad inminente de la extradición del periodista Julian Assange. Assange ha hecho un trabajo importante al denunciar las acciones ilegítimas de un Estado contra otro. Su arresto va en contra de la defensa de la democracia y la libertad de prensa. Es importante que todos nos movilicemos en su defensa», dijo el mandatario sudamericano en su cuenta de Twitter, apenas unas semanas después de visitar Londres para la coronación del rey Carlos III.
Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido en numerosas ocasiones por su liberación, recibió en el Palacio Nacional de la capital mexicana a John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Assange.
El mandatario, quien llegó a ofrecerle asilo político a Assange en México, aseguró tras el encuentro con los familiares que seguirá defendiendo al fundador de Wikileaks, ya que lo considera «un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión».
En tanto, uno de sus mayores defensores es uno de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, y ni más ni menos que dentro de la interna demócrata, partido que empezó la persecución de Assange durante el Gobierno del presidente Barack Obama.
Se trata del abogado Robert F. Kennedy Jr., quien dijo a través de Twitter que «en vez de ser el defensor de la libertad de expresión, Estados Unidos persigue activamente a periodistas e informantes. Yo perdonaré a los valientes que dicen la verdad, como Julian Assange, y que investigan la corrupción y los crímenes que exponen».
Kennedy también incluyó a Snowden, Chelsea Manning, John Kiriakou y Reality Winner entre los que serían beneficiados por su administración.