Los funcionarios franceses no hicieron cumplir las leyes cuando el gigante tecnológico de EE. UU. se hizo cargo del mercado, pero no estuvieron involucrados en actos delictivos, dijeron los parlamentarios.
Una comisión parlamentaria francesa criticó al gigante tecnológico Uber por su expansión agresiva e ilegal en el mercado del país. En un informe publicado sobre el tema, los parlamentarios reconocieron que los funcionarios, incluido el presidente Emmanuel Macron, habían servido como aliados de la empresa, pero no lograron establecer ningún delito de su parte.
“La confidencialidad y la intensidad de los contactos entre Uber y Macron… dan testimonio de una relación opaca pero privilegiada, y revelan la incapacidad de nuestro sistema para medir y prevenir la influencia de intereses privados en la toma de decisiones públicas”, dice el documento de 500 páginas .
La investigación fue provocada por los llamados Uber Files, una colección de documentos internos filtrados al periódico británico The Guardian por un infiltrado. Según informes de los medios el año pasado, Macron, quien fue ministro de Economía entre 2014 y 2016, mantuvo contacto con el cofundador de Uber, Travis Kalanick, y apoyó el modelo comercial de la empresa.
En particular, se acusó a Macron de negociar un «acuerdo secreto» con miembros del gabinete francés, lo que facilitó que la aplicación de transporte de pasajeros inscribiera a nuevos conductores. A cambio, supuestamente acordó cerrar el controvertido servicio hermano UberPop, que fue el foco de las protestas de los taxistas.
Según el informe, los funcionarios en cuestión negaron bajo juramento que hubiera algún trato de por medio. Mark MacGann, el denunciante de Uber que anteriormente fue el principal cabildero de la compañía para Europa, también dijo que no caracterizaría el acuerdo político como un «acuerdo», porque la palabra da la impresión engañosa de «que se intercambió una maleta de dinero». En general, la comisión dijo que no encontró conflictos de intereses, agendas ocultas o incumplimiento del deber en las acciones de los funcionarios franceses.
Sin embargo, según los informes, hay evidencia de disputas internas entre los miembros de la investigación, que Radio France atribuyó a diferencias políticas entre el presidente del organismo, Benjamin Haddad, quien es un amigo cercano de Macron, y su relatora, la diputada de oposición de izquierda Danielle Simonnet.
Simonnet lamentó que la comisión no haya entrevistado a ningún ex miembro de la oficina de Macron de su época como ministro de Economía, citando la “oposición sistemática” de algunos investigadores parlamentarios. Si se les preguntó, podrían haber ofrecido «percepciones adicionales», afirmó.
La comisión criticó a Uber por el “cinismo” de su estrategia para presionar a los funcionarios y eludir las acciones de las fuerzas del orden, y confirmó que no había cumplido su promesa de crear puestos de trabajo en Francia.