Venezuela condena intromisiones de EE.UU. en su proceso electoral luego de que Caracas decidió inhabilitar a la candidata presidencial de la oposición.
Mediante un comunicado emitido este sábado, la Cancillería de Venezuela rechazó enérgicamente las declaraciones del Departamento de Estado de EE.UU., en el que expresó su solidaridad con la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, tras su inhabilitación política que le impide postularse para cualquier cargo de elección popular.
“El Gobierno de Venezuela rechaza firmemente el nuevo intento de intromisión por parte del Gobierno de Estados Unidos en sus asuntos internos, al pretender fijar posición en relación a distintos aspectos del futuro proceso electoral venezolano de 2024”, se ha leído en la nota.
Subrayando que la “robusta” democracia venezolana no requiere ni acepta “tutelaje” de otras naciones, la Cartera venezolana ha declarado que mucho menos de sistemas democráticos indirectos y con severas restricciones a la participación, impuestas por intereses económicos y un profundo racismo institucionalizado.
“Los EEUU no tienen moral ni derecho de opinar sobre los procesos políticos en nuestro país, el cual ha demostrado ampliamente que es soberano e independiente”, ha puesto de relieve el Ministerio de Asuntos Exteriores del país sudamericano.
En este sentido, ha instado a EE.UU. que aplique correctivos oportunos y justos a su sistema electoral antes de buscar emitir juicios de valor sobre las acciones legitimas de las instituciones democráticas de otros países.
El viernes, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, condenó la decisión de la Contraloría General de Venezuela de inhabilitar, por un período de 15 años, a la opositora María Corina Machado.
Las elecciones primarias de las presidenciales en Venezuela serán previstas a celebrar para el 22 de octubre.
Caracas denuncia una y otra vez la postura de EE.UU. respecto a la oposición de Venezuela, que, a su juicio, forma parte de una política fracasada y reincidente, que de manera criminal afecta la soberanía del país bolivariano y busca poner en riesgo su paz, su estabilidad y su desarrollo.