El Gobierno venezolano anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional.
El Gobierno de Venezuela emitió este martes un comunicado oficial en el cual manifestó su desacuerdo con la decisión de una Sala de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de una investigación en su contra.
“La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, en el asunto denominado ‘Venezuela I’”, expresó la Cancillería del país suramericano en el comunicado divulgado en su sitio web y en redes sociales.
Estableció que desde el mismo momento en que la Fiscalía de la CPI inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.).
“Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano”, mencionó la nota de prensa oficial.
En este sentido, agregó, “Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición”.
El Gobierno venezolano anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional.
Esto con el objetivo de “defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación”, aseveró.