El Consejo de Europa ha cuestionado este miércoles el artículo 49.3 de la Constitución de Francia, en virtud del cual el Gobierno puede forzar la aprobación parlamentaria de una ley a costa de arriesgarse a una moción de censura, un mecanismo utilizado once veces durante esta legislatura para aprobar, entre otras medidas, la reforma de las pensiones.
La Comisión de Venecia, un órgano consultivo dentro del Consejo, cree que dicho artículo plantea una serie de «interrogantes», relativos a «los principios de pluralismo, de separación de poderes y de soberanía del legislador», ya que puede implicar que una ley salga adelante «sin una discusión real y profunda de su contenido».
Así, aunque entiende que todo Gobierno debe disponer de mecanismos «eficaces» con los que poder sacar adelante su programa, considera «necesario» preservar «el equilibro de poderes» entre el ejecutivo y el legislativo, según un comunicado que da cuenta del «aviso interino» emitido este miércoles por el organismo.
Advierte de que, tal y como está concebido, la carga de responsabilidad se invierte, ya que una vez invocado el 49.3 son los diputados de la Asamblea Nacional quienes deben presentar y, llegado el caso, aprobar una moción de censura como vía para tumbar la ley. La oposición francesa ha presentado varias iniciativas en este sentido en la actual legislatura, todas ellas sin éxito pese a que han llegado incluso a unirse los partidos de izquierda y la ultraderecha.
La Comisión, sin embargo, no ha adoptado ninguna decisión final, a la espera de realizar un análisis comparativo de la situación en otros países