La desastrosa relación de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México, encabezada por Norma Piña, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede resumirse en una lacónica frase del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Adán Augusto López lo sintetiza así: La ineficacia del Poder Judicial continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la violencia, ya que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo en el país.
Eso se acaba de demostrar con la absolución del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, de cargos evidentes por su implicación directa en el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cumple 92 años de prisión por secuestro y asesinato, y el reintegro de dinero malversado a la esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, concluso para sentencia en Estados Unidos por su alianza con el cartel de Sinaloa.
Aunque bochornoso, son apenas botones de muestra de cómo andan mal las cosas en el Poder Judicial de México, donde la derecha se abroquela tras una maleza de recursos leguleyos creados durante años para esconder y proteger a los corruptos y mantenerlos en el poder.
Lo más grave de todo es lo que recientemente el presidente López Obrador denunció, que el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. Cancelar un poder sería un golpe de Estado técnico, acusó.
INTENTOS DE FRENAR OBRAS ESTRATÉGICAS
Hay una prueba documental que podría confirmar la afirmación del mandatario y es que la magistrada Piña votó a favor solo de dos de los decretos e iniciativas del mandatario, de más de una veintena aprobados por el Congreso. Casi todos los rechazó, y lo sigue haciendo.
Impedir la tala de árboles es frenar las obras del Tren Maya en varios tramos, en los cuales no hay otra posibilidad para poder tender la vía férrea, y se ajusta como anillo al dedo a la decisión anterior de la SCJN, de invalidar el decreto que declara de interés y seguridad nacional las obras estratégicas para la economía del país y el bienestar social.
Entre estas -que son muchas- se incluyen, además del Tren Maya, las del corredor interoceánico para unir los puertos del Pacífico con los del Atlántico, la refinería de petróleo Olmeca, en Dos Bocas, las dos plantas de coquización, todas las de infraestructura.
Igualmente se insertan las que están en proyecto, incluso dentro del Tratado de Libre Comercio T-MEC, y particularmente con Estados Unidos en Sonora con el campo fotovoltaico más grande de América Latina, de casi 400 mil paneles solares.
La SCJN llegó el extremo de incluir en su resolución de anulación del decreto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya concluido y en operaciones hace meses, aunque sea solo con la intención de declararlo obra ilegal.
Esa actitud obligó al Ejecutivo a presentar otro decreto similar al derogado por los magistrados de Piña el cual, según versiones de prensa, fue motivo de una presentación de amparo por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo inoperante que el gobierno no ha podido eliminar por carecer de mayoría calificada en el Congreso.
El INAI, como la SCJN, son las banderas que retoma la oposición política y financiera cuya cabeza visible es el empresario Claudio X González, para mantener en las calles marchas y manifestaciones contra el gobierno, encubiertas en una supuesta defensa de ambas instituciones.
ÉPOCA DE INTENSA CAMPAÑA ELECTORAL
Ya en época de intensa campaña electoral, aun cuando todavía falta tiempo pues los comicios generales son en julio del próximo año, la oposición política busca de forma desesperada recomponer su dividido terreno partidista por la inocultable falta de liderazgo de los dos más decisivos para ellos, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), este último muy venido a menos.
Su tercer acompañante, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es una entelequia y ni siquiera una sombra de lo que fue en épocas de su fundación en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Heberto Castillo y Gilberto Rincón, entre muchos otros.
El mayor desastre lo escenifica el PRI que cede terreno al PAN, algo inaudito y jamás imaginado por el general Lázaro Cárdenas, quien vio nacer esta última organización política con el propósito de descabezar a su partido y desnacionalizar el petróleo, la gran hazaña histórica de esa agrupación surgida casi al calor de la Revolución mexicana.
Sin embargo, es improbable que la SCJN logre sus propósitos pues para el gobierno las obras están sujetas a leyes, avaladas por el Poder Legislativo, y están amparadas por la Constitución, según respondió López Obrador a la Corte.
Añadió que “no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”. No se van a poder cancelar, dijo.
Pero la oposición partidista fue mucho más allá al tratar de convertir ese impacto de Estado técnico denunciado por el presidente en un “golpe blando” como los organizados en otros países en contubernio con el Poder Judicial.
Esta es la instancia que crea las condiciones supuestamente legales para avalar lo que se cocine en los parlamentos cuando los gobiernos no cuentan con la mayoría calificada para tomar decisiones.
López Obrador reveló que un senador del PAN muy cercano al pensamiento fascista, Julen Rementería, presentó una iniciativa para que la SCJN lo destituyera del cargo de Presidente de la República, pero al darse cuenta de la barbaridad cometida la retiró y echó la culpa a sus asesores.
POSICIONES BIEN DEFINIDAS
De todo este intríngulis queda claro que las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México son antagónicas e irreconciliables, y que ya no hay lugar como hasta hace unos meses, a la simulación.
De todo este intríngulis queda claro que las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México son antagónicas e irreconciliables, y que ya no hay lugar como hasta hace unos meses, a la simulación.
Con la magistrada Norma Piña el choque es frontal y las posiciones están bien definidas. Hay, además, una escalada en ese antagonismo por parte de la SCJN.
Al mismo tiempo, los magistrados saben que su futuro depende de las elecciones generales de 2024, y los ocho de los 11 ministros que la componen harán todo lo que esté a su alcance, junto con la directiva del INAI con la que la SCJN trabaja estrechamente por debajo de la mesa.
El propósito es que la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza el partido Morena de López Obrador, pierda en las urnas.
No es fácil que ese sueño en una noche de verano se convierta en realidad y las encuestas realizadas incluso por los propios partidos opositores siguen dando como nuevo presidente de México en 2024 a cualquiera de los cuatro precandidatos actuales que represente a la coalición.
Son ellos la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el jefe de la Junta de Coordinación del Senado Ricardo Monreal. Ninguno de los más de 40 aspirantes del resto de los partidos aparece hasta ahora como una amenaza para cualquiera de ellos.
Por lo tanto, en el caso de la coalición oficialista, el objetivo está no solamente en retener la presidencia de la nación, incluida la gobernación de Ciudad de México, sino la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que son 334 escaños, y la del Senado, 92.
Todo ello para poder realizar las reformas constitucionales en espera, las cuales son muchas, y López Obrador da por descontado que cualquiera de sus cuatro compañeros que gane, las ejecutará