El representante del Gobierno venezolano en diálogos con la oposición acusa al exembajador de EE.UU. de impedir el desbloqueo de los recursos congelados del país.
Durante una entrevista con la cadena privada venezolana Venevisión, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y también jefe de la delegación del Gobierno venezolano en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, ha acusado este domingo al exrepresentante de EE.UU. para Venezuela, James Story, de haber evitado el desbloqueo de los fondos bloqueados del país en el exterior, al contrario de la resolución firmada con la oposición en noviembre del año pasado.
“Unas semanas después de que se firmó ese acuerdo, en noviembre de 2022, en México, el señor Jimmy Story, exembajador de Estados Unidos (…), envió una carta a las autoridades de Naciones Unidas diciendo (que) el fondo social que Naciones Unidas va a administrar no se puede liberar porque, si no, Estados Unidos y los acreedores van contra esos fondos”, señaló.
En este contexto, confirmó que, mediante el acuerdo social firmado, el cual contempla la recuperación de 3200 millones de dólares del Estado venezolano que están congelados en el sistema financiero internacional por las sanciones impuestas por Washington y sus aliados a Caracas, será diseñado y ejecutado por Naciones Unidas.
El Gobierno y la oposición están “en proceso de ver cómo se cumple” con el acuerdo, que consiste en la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para invertir en áreas como la salud y la educación, pero se acusan mutuamente de obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, lo que mantiene en suspenso la continuidad de las conversaciones en México.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado en reiteradas ocasiones que los fondos congelados por las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Venezuela deben ser liberados cuanto antes para que las conversaciones puedan “seguir y tengan validez”.
El 22 de mayo, Maduro firmó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, aprobada el martes por el Parlamento venezolano, que busca responder con fuerza legal y constitucional a los intentos de robo de los activos de Venezuela en el extranjero.