Una crisis de credibilidad atraviesa la Corte Suprema de Estados Unidos con tres de sus nueve jueces, incluido el presidente de esa instancia, bajo escrutinio público por conductas poco éticas y sospechas de corrupción.
Quien haya pensado que resultaría un caso aislado la denuncia realizada a principios de abril contra el magistrado Clarence Thomas, el miembro que más tiempo lleva en el Tribunal con una antigüedad de 31 años, pronto pudo comprobar su equivocación.
A la de este republicano le siguieron enseguida otras quejas que señalan algunas prácticas cuestionables del también conservador Neil Gorsuch y, más recientemente, se develaron los turbios orígenes de millonarios ingresos ganados por la esposa de John Roberts, presidente de la Corte.
Hace pocas semanas, un informe de ProPublica reveló cómo Clarence Thomas aceptó regalos onerosos y hospedajes en lujosos resorts pagados por el multimillonario republicano Harlan Crow.
Según el artículo, algunos de los detalles del donante fueron unas vacaciones de 500 mil dólares en Indonesia con un superyate y un jet incluidos; estancias en la casa de verano de Crow en Adirondacks, Nueva York; y una invitación al retiro masculino Bohemian Grove, en California.
Además, el magnate compró la casa de la madre de Thomas, pagó las renovaciones, y mantiene a la progenitora del juez como inquilina sin que esta pague alquiler.
En su defensa, el magistrado proclamó que no hizo nada malo al argumentar, entre otras cosas, que Crow “no tenía asuntos ante la Corte”.
Sin embargo, alertan expertos, eso no significa que no se haya dirimido en esa instancia algún tema que afectara al multimillonario como propietario de bienes raíces, arrendador y desarrollador comercial, residencial e industrial, en el transcurso de las décadas de mandato de Thomas.
Los intereses de Crow llegaron directamente ante el tribunal en 2005, cuando los jueces se negaron a escuchar una apelación en una demanda que alegaba que su empresa utilizó indebidamente los diseños de edificios realizados por una firma de arquitectos, según Bloomberg.
Los escritos presentados por el Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar muestran cómo el deseo del empresario de reducir la regulación gubernamental de la industria de bienes raíces consiguió abrirse paso en la Corte Suprema, apuntó esa fuente.
A la luz de esas revelaciones, según un análisis de The Huffington Post, la gran generosidad financiera que Crow otorgó a Thomas arroja una larga sombra sobre todos los casos en los que el multimillonario pudo tener una participación aún de manera indirecta.
Similares dudas en torno a la imparcialidad pesan también sobre Neil Gorsuch que, según Politico, posee vínculos comerciales con Brian Duffy, director de un poderoso bufete de abogados llamado Greenberg Traurig, que repetidamente presenta casos ante la Corte.
Según el medio, después de que el mentado ejecutivo se involucrara en la compra de un inmueble del que el juez era copropietario, la firma estuvo relacionada en al menos 22 casos presentados ante el Tribunal.
En los 12 litigios en los que se registra la opinión de Gorsuch, añadió el reportaje, el magistrado les dio la razón en ocho ocasiones a los clientes de Greenberg Traurig y en otros cuatro falló en contra.
Asimismo, un abogado de ese bufete con sede en Denver representó a Dakota del Norte en lo que se convirtió en uno de los fallos más publicitados de los últimos años, una demanda multiestatal que anuló el plan del expresidente Barack Obama (2009-2017) para combatir el cambio climático a través de la Ley de Aire Limpio.
Gorsuch se unió a los otros cinco jueces conservadores de la Corte al estar de acuerdo con los demandantes, incluido el cliente de Greenberg, en que la Agencia de Protección Ambiental se excedió en su autoridad al regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas.
EJEMPLO REVELADOR
Para colmo de males, un exintegrante de la firma de reclutamiento legal Major, Lindsey & Africa reveló que el matrimonio de Jane Sullivan Roberts con el presidente del mayor tribunal de Estados Unidos, el republicano John Roberts, la ayudó a engrosar el patrimonio familiar. Alegó en la denuncia además que la esposa del magistrado ganó más de 10 millones de dólares en comisiones durante siete años por su trabajo como cazatalentos en la compañía, donde puso abogados en bufetes, incluido al menos uno que argumentó un caso ante la Corte Suprema después de que se realizó la colocación.
Sullivan Roberts ganó el dinero entre 2007 y 2014, después de haber aceptado un trabajo en la firma dos años después de que su pareja fuera confirmada en su cargo, según un informe publicado por Business Insider.
Quien hizo la denuncia, Kendal Price, trabajó junto a Sullivan Roberts de 2011 a 2013 en Major, Lindsey & Africa. Dijo en una declaración jurada que creía que “al menos parte del éxito notable de la reclutadora se debió a la posición de su cónyuge”.
“Cuando descubrí que la esposa del presidente del Tribunal Supremo estaba solicitando negocios con bufetes de abogados, supe de inmediato que estaba mal”, refirió.
“En el tiempo que estuve allí no plantee el problema. Me di cuenta de que incluso los bufetes que eran clientes de Jane no tenían adónde ir. La esposa del presidente del Tribunal Supremo les pedía negocios por valor de cientos de miles de dólares. La mayoría de estas empresas comparecían o buscaban comparecer ante la Corte Suprema. Es natural que hicieran todo lo que consideraran necesario» declaró.
CRISIS ÉTICA SISTÉMICA
Teniendo en cuenta los informes recientes sobre Gorsuch y Thomas, los observadores de la Corte evaluaron que las últimas noticias aportan más evidencia de que esa instancia «sufre una crisis ética sistémica masiva».
“¿Cuál es la confianza del público en un sistema cuando las compañías que comparecen ante el tribunal toman decisiones que benefician financieramente al presidente del Tribunal Supremo?”, preguntó por su parte Joshua Dratel, abogado de Price.
De acuerdo con un reporte del sitio Truthout, el análisis de las divulgaciones financieras mostró que la mayoría de los nueve jueces de esa instancia son millonarios debido en gran parte a la capacidad para aprovechar su poder y conexiones a fin de ganar riqueza, lo que genera dudas constantes sobre la imparcialidad.
La Corte Suprema de Estados Unidos no está sujeta a un código de ética, pero las últimas noticias en torno a sus miembros generan en la ciudadanía un debate sobre la pertinencia de diseñar y aplicar uno.
Según el grupo Data for Progress (Datos para el Progreso), las revelaciones renovaron la presión sobre Tribunal para que siga un reglamento de conducta explícito.
Si bien hasta ahora los nueve jueces se han resistido a la idea, los votantes claramente apoyan que estos cumplan con un estándar ético y que tenga consecuencias para quienes no lo hagan”, sentenció la asociación en un comunicado.