El Gobierno de Colombia ha emitido este viernes un comunicado de once puntos en el que «rechaza de manera rotunda» las afirmaciones de «ciudadanos y dirigentes políticos» sobre que está facilitando las operaciones del narcotráfico y beneficiándose de ellas, y ha animado a quienes así lo consideran a denunciar el caso ante las autoridades competentes.
Así, el Ejecutivo colombiano ha defendido sus políticas para erradicar el narcotráfico, y ha remarcado que, bajo órdenes del presidente Gustavo Petro, Bogotá ha cambiado sus políticas y ahora no tiene en su foco a los campesinos cultivadores de coca, sino a aquellos que «obtienen las grandes riquezas de esta actividad ilícita».
Para el presidente Petro, los campesinos representan «el eslabón más débil de la cadena» y, debido al «histórico abandono estatal» que ha sufrido, ven en el cultivo de hoja de coca su única forma de sustento. Por tanto, las autoridades han instado a las Fuerzas Armadas y Policía a centrar sus esfuerzos en la exportación de drogas.
«Las Fuerzas Militares y de Policía han enfocado sus esfuerzos en la interdicción y la incautación de los cargamentos de drogas ilícitas que pretenden salir de Colombia y tiene como destino países consumidores», ha añadido el Gobierno colombiano, que ha detallado que desde la llegada de Petro a la Presidencia, en agosto de 2022, se han incautado cerca de 190 toneladas de cocaína, casi 170 de marihuana y otras 32 toneladas de base de coca.
En base a estos argumentos, Bogotá ha rechazado seguir una política que beneficie la actividad del narcotráfico y ha recriminado que las denuncias en este sentido «no tienen bases en la realidad» y lo único que logran es «degradar el debate público» más aún en un momento en que Colombia se prepara para unas importantes elecciones regionales.
«El Gobierno seguirá avanzando en la lucha contra el narcotráfico, a través de una intervención integral en la que, además de la persecución a los grandes capos, sean atendidas las necesidades de las comunidades más vulnerables, aquellas que han estado sometidas a ciclos interminables de violencia», ha zanjado el Ejecutivo.