México reclama un mecanismo para que Israel entregue a Tomás Zerón, uno de los artífices de la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En su rueda de prensa diaria el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó al Gobierno de Israel de proteger al exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades de Israel, porque están protegiendo al señor Zerón, que participó en México en fabricar los hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada verdad histórica, y él tuvo que ver con torturas que hicieron”, dijo AMLO.
López Obrador pidió que se encuentre un “mecanismo” para poder solicitar la extradición del exfuncionario, tal y como solicita la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para informar a las autoridades de Israel, y que se proceda de conformidad con la ley. Y que, aunque no exista un convenio de extradición, se pueda buscar mecanismo para que sea enviado a nuestro país”, solicitó.
Zerón está acusado de ser uno de los artífices de la “verdad histórica”, la versión presuntamente fabricada por las autoridades mexicanas para encubrir la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) también responsabilizó a Zerón de llevar a cabo torturas.
“El Gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador. (…) Ya ha pasado mucho tiempo que le envié una carta al ministro de Israel y han ido de la Fiscalía, fue hasta el subsecretario de gobernación (Alejandro Encinas). Y no hay respuesta”, lamentó el presidente mexicano.
Según la Comisión de la Verdad, creada para aclarar el caso, los 43 jóvenes fueron separados en grupos de entre 6 y 10 y desaparecidos y asesinados de varias formas muy crueles. Entre el desecho de la verdad histórica y los resultados preliminares de la nueva versión, los padres de familia ven positivo que se haya catalogado como un crimen de Estado.