El presidente mexicano acusó a Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos que no le incumben y sostuvo que existe más democracia en México que en su vecino del norte.
“Como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden”, dijo este lunes Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa y cuestionó a EE.UU. por “estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”, declaró desde el Palacio Nacional.
De esta manera, AMLO rechazó los cuestionamientos del Departamento de Estado a la reforma electoral, conocida como ‘Plan B’. “Le digo al señor Blinken que hay más democracia en México que en Estados Unidos (…). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, expresó López Obrador.
Desde el Departamento de Estado, el secretario asistente para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols había dicho que Washington mantiene apoyo a instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho, y aseguraba que en México veían un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales.
El jefe de Estado además reprochó que el diario norteamericano The Wall Street Journal destinara “ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos”, y aseguró que el periódico protege a las mafias de poder económico en el mundo.
El pasado domingo, Sociedad civil, organizaciones y sectores de oposición se manifestaron contra la transformación del sistema electoral en la Ciudad de México, luego de la aprobación en el Senado de la segunda parte de una serie de reformas al Instituto Nacional Electoral (INE), propuestas desde el Ejecutivo.
El ‘Plan B’ consiste en modificaciones a leyes secundarias que buscan modernizar al órgano eleccionario y ajustar su presupuesto a la austeridad republicana que persiguen desde el Gobierno federal.
Pese a la aprobación, la implementación de la reforma está en manos de la Suprema Corte de Justicia, por acciones de supuesta inconstitucionalidad interpuestas por partidos y legisladores de la oposición.