La persecución contra la Iglesia ortodoxa en Ucrania ha pasado por diferentes fases tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, desde la sanción a sus principales figuras hasta el bombardeo de sus templos.
A finales de enero el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, aprobó la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de imponer medidas restrictivas contra 21 sacerdotes de la comunidad ortodoxa rusa, así como contra el presidente del Consejo Espiritual de la Unión Rusa de Cristianos de la Fe Evangélica, Serguéi Riajovski.
De acuerdo con el documento oficial, las medidas, que se imponen por un periodo de 30 años, incluyen: bloqueo de activos, restricción de las operaciones comerciales, cese completo del tránsito de recursos a través del territorio ucraniano, prohibición de retirada de capitales de Ucrania y de entrada en el territorio nacional, entre otras.
El Ministerio ucraniano de Asuntos Exteriores informará a «las autoridades competentes de la Unión Europea, Estados Unidos y otros Estados sobre la imposición de las sanciones y planteará con ellos la cuestión de la introducción de medidas restrictivas similares», en franca demostración del servilismo de Kiev a Occidente.
A decir de Zelensky dicha determinación «se refiere a nuestra independencia espiritual, que estamos reforzando y seguiremos reforzando», a lo cual expertos consideran una de las tantas acciones de rusofobia y de irrespeto a las más antiguas tradiciones religiosas de la región.
LAS PRESIONES TIENEN ANTECEDENTES
Las tensiones entre las autoridades de Kiev y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UPTs, por sus siglas en ruso) comenzaron en 2019, cuando el patriarca Bartolomé de Constantinopla concedió la autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (PTsU, por sus siglas en ruso), promovida por el entonces presidente ucraniano, Piotr Poroshenko.
El Patriarcado de Moscú irreconoció esa independencia, pero Kiev sigue promoviéndola.
Tras el inicio del operativo militar, la situación se agravó y la UPTs, encabezada por el metropolita Onufriy, anunció en mayo pasado su «independencia total» de la Iglesia Ortodoxa rusa.
Desde la UPTs precisaron al canal RBC, que no rompieron las relaciones con el clero ruso por completo, sino que reafirmaron su estatus independiente y autónomo.
Empero, no han impedido las manifestaciones contra quienes en suelo ucraniano son devotos de la rama rusa y son víctimas de una oleada constante de presiones por el régimen de Zelensky.
En ese afán de culpar a todo lo que se parezca a Rusia, los ortodoxos sufrieron registros en sus templos y monasterios de las manos de los que buscan pruebas de presuntas actividades antiucranianas, en medio de tomas de iglesias y acusaciones de traición a la patria contra varios de sus jerarcas por supuesta actitud prorrusa.
Para tener noción exacta de la envergadura de los registros y otros procedimientos que realizan los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania cabe mencionar las cifras de las iglesias allanadas en 2022.
Datos publicados el 24 de diciembre pasado por el metropolita Antoniy, de la Iglesia ucraniana canónica, hubo 129 operaciones de este tipo, mientras denunció que la hostilidad hacia la UPTs se incrementó «artificialmente» en la sociedad y siguen las violaciones de los derechos de los feligreses de la rama canónica.
Por su parte, el jefe interino del órgano de seguridad, Vasili Malyuk, declaró al canal local 1+1 que había más de 50 causas penales contra el clero de la UPTs. «Debemos limpiar todo este medio hostil de topos con sotana», sentenció.
Mientras, el vicejefe de la rama rusa del Comité Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, Iván Mélnikov, aseguró que había más de un centenar de representantes del clero de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana privados de libertad
En declaraciones al sitio web Russkiy Mir el funcionario detalló que a los detenidos se les imputan cargos de supuesta traición y trabajo para los servicios especiales de Rusia.
DOS TRISTES Y SANGRIENTAS ACCIONES
Las acciones del Servicio de Seguridad de Ucrania tuvieron entre sus puntos clave el allanamiento del Monasterio de las Cuevas de Kiev, considerado uno de los lugares santos entre los fieles de la religión ortodoxa oriental.
El registro ocurrió el 22 de noviembre de 2022 luego de que en redes se difundiera un video desde uno de sus templos con cánticos que mencionaban a Rusia. En ellos se podía escuchar: «El carillón está flotando, flotando sobre Rusia… La Madre Rusia está despertando».
En respuesta, las fuerzas del orden abrieron una causa penal por justificación de las acciones de Moscú contra Kiev, que prevé hasta tres años de prisión. El servicio especial afirmó que este tipo de incidentes «perjudica la seguridad y los intereses de Ucrania».
Ante este atropello, el Kremlin condenó el allanamiento en el monasterio y en otros santuarios al calificar esos actos como «un eslabón más en la cadena de acciones militares contra la ortodoxia rusa».
Otro hecho repudiable, y con evidente participación de los amos occidentales del régimen de Kiev, fue el bombardeo con misiles estadounidenses Himars, el pasado 1 de febrero, contra un templo en el poblado de Nikólskoye, en la región de Donetsk.
Como consecuencia del criminal suceso fallecieron un sacerdote y una monja de 83 años de edad. Según información publicada por las autoridades locales, este no fue el primero de los ataques, la instalación ha sido blanco reiterado de incursiones armadas de las fuerzas de seguridad ucranianas.
Esos dos actos muestran una vez más las acciones que desde Kiev se orquestan contra la comunidad ortodoxa.
Una lista del canal Russia Today da cuenta de otros episodios que figuran como «actividades de contraespionaje» en los reportes oficiales correspondientes a 2022 del Servicio de Seguridad de Ucrania.
El 22 de noviembre, hubo registros en el Monasterio de las Cuevas de Kiev, allanamientos en dos monasterios y en una diócesis de la UPTs en la región de Rovno, que terminaron con el hallazgo de «literatura prorrusa», mientras que el 1 de diciembre, una acción similar tuvo lugar en un convento en la región occidental de Zakarpatie, donde las monjas supuestamente instaban al «despertar de la Madre Rusia».
Entretanto, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, impuso el 2 de diciembre sanciones contra varios jerarcas de la UPTs, y el día 7, el arcipreste de la UPTs, Andréi Pavlenko, arrestado en abril, recibió una condena de 12 años de prisión acusado de filtrar las posiciones de los militares ucranianos cerca de las ciudades de Severodenetsk y Lisichansk (Donbass).
Con posterioridad, Pavlenko recuperó la libertad, gracias al grupo militar ruso Wagner. El sacerdote relató que durante su detención fue torturado para que se incriminara a sí mismo y reconociera haber trabajado para la inteligencia rusa.
El 10 de diciembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó sobre el término de sus registros en las instalaciones de la UPTs en la región de Járkov y aseguró haber hallado «bibliotecas con literatura pro-Kremlin que elogia al país-agresor».
Por último, el 14 de diciembre, se realizaron allanamientos en 19 iglesias, catedrales y monasterios en ocho regiones ucranianas con el objetivo de poner fin a «la utilización de las comunidades religiosas como centro del «mundo ruso» y «proteger a la población de provocaciones y actos terroristas».