El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DDHH), Volker Türk, aseguró hoy aquí que resulta evidente que las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela en 2017 agravaron la crisis económica en el país.
Al presentar este sábado ante la prensa el balance de tres días de trabajo con los diferentes actores de la sociedad, el funcionario señaló que su Oficina recomendó, una vez más, a los Estados miembros (en referencia a Estados Unidos) a suspender o levantar las sanciones, que “tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos”.
Esto lo pedimos con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas también a otros países, subrayó.
Türk comentó que, en diálogo con las personas, incluyendo actores y agencias de la ONU, pudo constatar el impacto de las medidas punitivas en la adquisición con dificultades de productos básicos como los medicamentos, sobre todo en los segmentos más vulnerables de la población.
Según los datos aportados por el Gobierno venezolano, en los últimos años Estados Unidos y sus aliados impusieron a la República Bolivariana 928 medidas coercitivas unilaterales, con pérdidas económicas multimillonarias, que impactaron en forma criminal en la sociedad y la economía.
El Alto Comisionado manifestó que escuchó las posiciones de las partes que intervienen en la mesa de diálogo en México y reiteró el apoyo de su Oficina para que las conversaciones continuarán.
Les insté, remarcó, a escucharse mutuamente y entablar un diálogo significativo “para encontrar una visión común hacia el futuro”.
Türk no negó los inconvenientes en el camino y afirmó que el “compromiso y el diálogo positivo” pueden forjar una vía para sortear los obstáculos.
Al respecto, señaló que su Oficina está lista y disponible para tender los puentes entre las instituciones del Estado y la oposición, y ofrecer «nuestra perspectiva y experiencia en materia de derechos humanos», así como garantizar se despolitice y no se manipule el discurso.
El representante de la ONU manifestó el fuerte aprecio de las personas con las que dialogó sobre el trabajo de su Oficina en Caracas, que comenzó su labor tras la visita de Michelle Bachelet en 2019.
Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de DDHH en el país, enfatizó.