El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de EE. UU. está investigando millones de dólares en donaciones anónimas de China a la Universidad de Pensilvania y al Centro Penn Biden en medio de una revisión en curso por parte del DOJ sobre el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden durante su mandato como vicepresidente.
«Hoy, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, está pidiendo a la presidenta de la Universidad de Pensilvania, M. Elizabeth Magill, que brinde información sobre las donaciones chinas anónimas al Penn Biden Center», dijo el miércoles la oficina de prensa del presidente James Comer. «El Comité se enteró de que UPenn recibió millones de dólares de fuentes chinas anónimas, con un marcado aumento en las donaciones cuando se anunció que el entonces exvicepresidente Biden lideraría la iniciativa del Centro Penn Biden».
Comer solicita todos los documentos y comunicaciones relacionados con cualquier donación de China, así como una lista de todos los donantes chinos y las cantidades donadas a la universidad, agrega el comunicado.
Según el comunicado, las donaciones de China se triplicaron y continuaron mientras Biden exploraba una posible candidatura a la presidencia.
“El Penn Biden Center parece haber actuado como una fuente de ingresos patrocinada por el extranjero para gran parte de una Administración Biden en espera”, dijo Comer en una carta a Magill. «Entre 2017 y 2019, UPenn le pagó al presidente Biden más de $900,000, y la universidad empleó al menos a 10 personas en el Penn Biden Center que luego se convirtieron en altos funcionarios de la administración de Biden».
El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga actualmente cómo documentos clasificados relacionados con el período de la vicepresidencia de Biden terminaron en su oficina en el centro de estudios y en su residencia, ya que no estaban autorizados para su almacenamiento.
El congresista Paul Gosar dijo a Sputnik que los legisladores republicanos investigarán el asunto como un delito grave, que se castiga con una pena de prisión de hasta 10 años.