Francia entró hoy en una semana de tensiones políticas y sociales por el rechazo de sindicatos y partidos a la reforma de la jubilación impulsada por el Gobierno y el empeño de este en materializarla.
La primera gran batalla del pulso entre el oficialismo y los detractores de la iniciativa -presentada el martes por la primera ministra Élisabeth Borne- está señalada para el jueves con la convocatoria por los gremios a marchas y huelgas a nivel nacional.
No es un llamado habitual a la protesta, porque desde hace más de una década no coincidían los ocho principales sindicatos del país en convocar a las calles, liderados por los dos más poderosos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que suele tener posturas más cercanas al ejecutivo.
Es una muy buena señal que actúen juntos los sindicatos, afirmó la víspera el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, quien calificó el texto que discutirá el próximo lunes el Consejo de Ministros de “una reforma de derecha”.
Martinez mostró su expectativa de que el jueves se manifiesten al menos un millón de franceses contra el proyecto, criticado por extender de 62 a 64 años la edad de jubilación, aumentar a 43 años el período de cotización a partir del 2027 y eliminar regímenes especiales de pensiones.
También el líder de la CFDT, Laurent Berger, expresó el objetivo de llevar a las calles del país al máximo de personas posible, en aras de mostrar el descontento con la reforma, y adelantó la intención de continuar las protestas el fin de semana, para que todos puedan hacerlo.
“Debemos decir claramente que la edad legal de jubilación a los 64 años cuenta con el desacuerdo del mundo de los trabajadores”, declaró hoy a la cadena Franceinfo.
La jornada masiva de protestas se presenta como un difícil reto para el Gobierno, que también ha sido desafiante en los últimos días, sugiriendo que de todas formas entrará en vigor su reforma, con frases como “Ellos pueden manifestarse todo lo que quieran”, del ministro de Trabajo Olivier Dussopt o “no tenemos miedo”, del vocero oficialista Olivier Véran.
El transporte público, la energía, la educación y la salud constituyen sectores con serias afectaciones previsibles el jueves y en los próximos días, escenario ante el cual la primera ministra demandó no castigar a los franceses, sin negar el derecho a la huelga.
El dirigente de la CFDT Berger reaccionó al llamado de Borne exigiéndole que no intente presentar a los manifestantes como los perturbadores de la vida normal.
Dentro del espectro político, solo el partido gobernante Renacimiento, sus aliados y los conservadores (Los Republicanos) respaldan la reforma a la jubilación, muy cuestionada por las fuerzas de izquierda La Francia Insumisa y los partidos Comunista, Socialista y Europa Ecología los Verdes, y la extrema derecha (Agrupación Nacional).
Los insumisos apoyan la convocatoria a la movilización el sábado de organizaciones juveniles.
El Gobierno considera indispensable el proyecto para lograr la estabilidad financiera del sistema de retiro, mientras sus detractores afirman que no existe tal urgencia y lo acusan de ahorrar (unos 18 mil millones de euros para el 2030) obligando a los franceses a trabajar más.
Ayer, el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, aseveró que el actual sistema resulta “estructuralmente deficitario” y apunta a una deuda futura de 500 mil millones de euros.
Urge una reforma, es evidente, subrayó entrevistado por la cadena CNews, en la que reconoció la importancia de convencer a la ciudadanía al respecto.
Sin embargo, desde la oposición califican al proyecto de innecesario, injusto, abominable e inútil.
Encuestas divulgadas en los últimos días por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) y Elabe, elaboradas para medios de prensa, reflejaron un rechazo mayoritario de la población a la reforma, de hasta siete de cada 10 entrevistados.