Bajo su política de «paz total», el presidente Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al acuerdo firmado con las FARC en 2016.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, indicó el lunes que desde el Gobierno evaluarán cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados irregulares del país.
«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó Alfonso Prada, en entrevista al medio colombiano Blu Radio.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció en la víspera de Año Nuevo, una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023.
La tregua tiene como objetivos avanzar en las negociaciones y diálogos que permitan poner fin al prolongado conflicto armado en Colombia.
El gobierno mantiene en secreto los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
Bajo su política de «paz total», el jefe de Estado colombiano aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
El ministro del interior colombiano afirmó que los diálogos no serán iguales con cada uno de los grupos irregulares dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político».
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica expresaron su apoyo al cese de hostilidades.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alrededor de 15 mil combatientes de los grupos armados se acogen a la tregua.