Los países desarrollados e industrializados se enfrentan a un problema profundo que ya lleva décadas: los bajos niveles del crecimiento. Y aunque existen herramientas para impulsar la economía, las decisiones políticas en estas naciones va en otra dirección.
El año anterior a la pandemia de covid-19, el PIB de los países avanzados creció menos del 2 %. Para el año 2027 se prevé que este indicador per cápita en promedio se ubique por debajo del 1,5 % para ese grupo de países. En algunas naciones, como Canadá y Suiza, el crecimiento se aproximará a cero, según los pronósticos citados por The Economist.
La situación económica actual podría ser un resultado natural en esos países con población envejecida y fuentes importantes de crecimiento agotadas una vez que el mercado laboral se abrió a las mujeres y se democratizó la educación. Además, se han realizado una enorme cantidad de avances tecnológicos que simplifican la vida de la población occidental, tales como el saneamiento, los autos y la Internet.
Mientras tanto, señala la revista, el problema del bajo crecimiento sí se puede superar mediante el levantamiento de barreras aduaneras al comercio, un impulso a la globalización, reformas de planificación para incentivar la construcción y reducir los costes inmobiliarios, así como también el estímulo a la inmigración para reemplazar a los trabajadores que se jubilan.
Política moderna
Paradójicamente, los políticos de hoy se inclinan menos a pensar en la estimulación del crecimiento o a ensalzar las ventajas de libre mercado. A diferencia de sus predecesores, se orientan más a expresar sentimientos anticrecimiento, como favorecer más el control gubernamental sobre la economía. Cuando hablan del crecimiento suelen hacerlo de manera más sencilla y sin apoyarse en coherentes teorías económicas, subraya el semanario mencionando a políticos como Donald Trump o Liz Truss.
Asimismo, se remarca en el artículo, los políticos modernos se esfuerzan menos que en las décadas pasadas en afinar sus economías mediante reformas estructurales.
El análisis de datos del Banco Mundial sugiere que el progreso se ha ralentizado en los últimos años e incluso se ha invertido. La década pasada, los países avanzados duplicaron la cantidad de tarifas sobre las importaciones. Mientras que la migración neta hacia estas economías descendió de 6 millones de personas en 2007 a 4 millones en 2019.
Los gobiernos occidentales también tienen menos incentivos para emprender nuevos proyectos de construcción sea de viviendas o de infraestructura y ha caído la sensibilidad del sector al aumento de la demanda desde su auge en la década de 2000.
Los escollos de los gastos sociales
Los políticos prefieren «derrochar el fruto de lo que hay de crecimiento»: los gobiernos «gastan mucho más en asistencia social, como pensiones y, sobre todo, sanidad», indica el medio.
Los gastos por persona en la sanidad en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) crecerán un 3 % anualmente y llegarán al 10 % del PIB para 2030, mientras que en 2018 alcanzaba el 9 %.
Aunque mucha gente apoya amplios gastos en el sector social, la financiación de estos objetivos exige un aumento de impuestos y recortes de gastos en otros sectores, recuerda The Economist. Así, los desembolsos en investigación y desarrollo en los países de la OCDE han caído el 30 % de su porción del PIB, desde principios de la década de 1980.
Gran parte de los gastos adicionales se han hecho en medio de crisis, tanto pandémico como energético. Los políticos han proporcionado grandes paquetes de asistencia y compensaciones a hogares y negocios anunciando moratorias de desahucios, vacaciones a crédito y rescates económicos.
«Nadie se alegra cuando una empresa quiebra o alguien cae en la pobreza. Pero los rescates llevan a que las economías sean menos adaptables y, en definitiva, limitan el crecimiento al impedir que los recursos pasen de usos improductivos a productivos», explica la publicación.
¿Qué está detrás de la falta de decisiones para cambiar la situación?
Uno de los factores posibles es el envejecimiento de la población. Los jubilados y prejubilados tienden a no pensar en los proyectos que prometen beneficios a largo plazo y prefieren las medidas que los benefician directamente, como los gastos en sanidad. Su participación en las elecciones tiende a ser alta, de ahí el peso de sus opiniones.
Dado que la población occidental fue envejeciendo durante décadas, no se debe excluir el papel del entorno en el que se tomaban las decisiones políticas. Antes de la aparición de las redes sociales y los noticieros 24 horas era más sencillo introducir cambios, ya que los afectados no tenían más opción que «sufrir en silencio». «Ahora los perjudicados tienen más formas de quejarse. Como resultado, los políticos tienen mayores incentivos para limitar el número de personas que salen perdiendo», señala The Economist.
Asimismo, los altos niveles de deuda son mencionados como un factor que limita el margen de maniobra de los políticos. Ante el incremento drástico de la deuda privada de los países del G7 desde 2000 -por un equivalente a 30 puntos porcentuales del PIB-, incluso pequeños descensos en los flujos monetarios son capaces de dificultar el servicio de la deuda, perspectiva que obliga a los políticos a intervenir rápidamente una vez que surgen problemas.
«Su foco es mantener el espectáculo en marcha -evitando que se repita la crisis financiera mundial de 2007/09- en lugar de aceptar el dolor de hoy como precio de un futuro mejor«, explica la revista.
Ante la falta de señales de cambio en el enfoque, el semanario se pregunta si sería una nueva crisis financiera la que podría encaminar a los políticos o si los cambios se harán esperar hasta que la generación del ‘baby boom’ limpie el paisaje.