Los 12 exmilitares del Batallón La Popa reconocieron su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes entre enero de 2022 y julio de 2005.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia consideró el viernes que 12 militares que admitieron haber cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, podrán recibir las sanciones propias del Tribunal de Paz, con penas que podrían alcanzar hasta 8 años.
A través de un comunicado la JEP señaló que los militares retirados del Batallón La Popa reconocieron su responsabilidad en al menos 135 asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes que luego presentaron como bajas en combate (lo que en Colombia se conoce como «falsos positivos») entre enero de 2022 y julio de 2005.
El tribunal especial tomó la decisión debido a que los magistrados de la Sala de Reconocimiento consideran que los 12 exmilitares aportaron información detallada sobre su participación en los hechos investigados en el macro caso 03.
“Los postulados por la Sala para que se les impongan sanciones con el más alto componente restaurador y reparador son: el mayor Guillermo Gutiérrez, el mayor Heber Gómez, el teniente Carlos Lora, el subteniente Eduart Gustavo Álvarez y el subteniente Elkin Leonardo Burgos”, explicó el tribunal a través de su cuenta de Twitter.
Los militares retirados del Batallón La Popa reconocieron su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes inocentes que luego presentaron como bajas en combate (lo que se conoce como «falsos positivos») entre enero de 2022 y julio de 2005, explicó la JEP en un comunicado.
La JEP ha calificado las acciones de los 12 militares acusados como un «patrón de acción macrocriminal» que acometió el Ejército durante el conflicto armado, por lo que el Tribunal de Paz deberá emitir a la brevedad las sanciones propias que recibirán los implicados.
Esta sería la tercera resolución de conclusiones que anuncia el tribunal de paz, luego de que la JEP emitiera la primera contra once comparecientes del subcaso de Catatumbo por ‘falsos positivos’ y la segunda que se emitió contra los miembros del antiguo secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).