Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la república, durante la decisión, Karim Khan se basó en «fuentes secundarias de información que no merecen ninguna confianza debido al evidente sesgo y la polarización».
Las autoridades venezolanas calificaron de sesgada la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan de solicitar permiso para reabrir la investigación por la denuncia de crímenes de lesa humanidad en la República Sudamericana.
“La República Bolivariana de Venezuela lamenta que, a pesar de toda la información brindada y el compromiso activo con la fiscalía durante 2022, el fiscal Karim Khan mantenga una visión sesgada de la situación en Venezuela, haciéndose eco de campañas para utilizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos. propósitos”, dijo en un comunicado publicado el sábado por la Cancillería de la República Sudamericana.
Según la agencia, durante la decisión, Khan se basó en «fuentes secundarias de información que no merecen ninguna credibilidad debido al evidente sesgo y la polarización». “Venezuela acudirá a la Sala de Cuestiones Preliminares con el fin de defender la verdad y mostrar la productiva labor de las autoridades del país en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra la persona”, dijo la Cancillería. La agencia también señaló que Caracas seguirá “cooperando de buena fe con la fiscalía y la CPI”.
Anteriormente, Khan había pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que permitiera reabrir la investigación sobre los hechos en Venezuela. En su declaración señaló que considera insuficientes las reformas y gestiones realizadas por las autoridades de la República Sudamericana
A principios de noviembre del año pasado, las autoridades venezolanas y la CPI firmaron un memorando de entendimiento para una cooperación efectiva en el marco de una investigación iniciada por un organismo internacional sobre una denuncia sobre posibles crímenes de lesa humanidad en la república sudamericana.
Las denuncias contra sus autoridades se produjeron después de una ola de protestas que sacudió al país durante meses en 2017. La razón de ellos fueron las decisiones de la Corte Suprema, que ampliaron los poderes del jefe de estado y limitaron las funciones del parlamento, controlado por los opositores políticos del presidente. Durante este tiempo, más de 120 personas murieron, miles de participantes en las manifestaciones resultaron heridos, más de 5 mil fueron arrestados.